Aunque estas estadí­sticas contienen operaciones realizadas con anterioridad a la aprobación de la Ley de comercio exterior de material de defensa y doble uso, sus datos no son un buen punto de partida ya que ponen de relieve que España sigue vendiendo armas a paí­ses en los que hay un riesgo real de que contribuirán a la violación de los derechos humanos, a la perpetuación de los conflictos armados y al deterioro de su desarrollo sostenible. Además, estas transferencias ponen de manifiesto que el Gobierno español sigue sin cumplir de forma estricta el Código de Conducta de la Unión Europea, lo que exige sin más demora el control efectivo del comercio de armas

Para las organizaciones, la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso aprobada por el Parlamento español en diciembre de 2007 es un paso adelante importante que tiene que traducirse en mayor control para poner fin al enorme coste humano que tienen las transferencias irresponsables de armas. Las organizaciones recuerdan que la Ley obliga al Gobierno a denegar transferencias que vulneren los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea y a tener en cuenta los informes de organismos internacionales como Naciones Unidas u otros para valorar la situación de los derechos humanos, estabilidad o riesgo de conflictos del paí­s de destino antes de decidir sobre una exportación.

Ventas de armas que requieren un mayor control
Las cuatro organizaciones denuncian las ventas a Colombia por valor de más de 15 millones de euros en 2007. Según la información que el Gobierno ha facilitado a la ONU, la mayorí­a de este total podrí­a corresponder a la venta de 13 carros lanza obuses para el ejército colombiano. El Gobierno sigue sin aclarar los criterios que utiliza para autorizar este tipo de armas a un paí­s sumido desde hace décadas en un conflicto armado caracterizado por las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de todos los actores implicados en el conflicto.

Con respecto a Marruecos, paí­s que tiene un contencioso territorial no resuelto, si bien el Gobierno informa de la venta de 20 vehí­culos todo terreno por valor de 1,8 millones de euros, no proporciona información detalladas sobre los 9 millones de euros que se han vendido bajo la descripción de la categorí­a 4 "bombas, torpedos, cohetes y misiles". Por otra parte, también son preocupantes las ventas a Pakistán por valor de 970 mil euros dado el recorte de derechos y libertades y represión por parte de las fuerzas de seguridad en el paí­s el año pasado. Israel, es otro destino donde las ventas siguen siendo irresponsables (1,5 millones de euros) sobre el que no existe ninguna garantí­a de que el material vendido no contribuirá a más violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

En relación con las ventas de material y tecnologí­as de doble uso, entre las operaciones ya realizadas y otras en fase de autorización, figuran paí­ses destinatarios como Irán, China, Israel o Myanmar (sobre este último hay una recomendación de embargo de la propia Unión Europea). Una vez más, la falta de detalle en algunas de estas operaciones no permite saber qué se ha vendido o autorizado exactamente.

También son preocupantes las ventas de 2007 de productos en concepto de "otro material" a Marruecos cuyo usuario final es la policí­a a Marruecos (más de 87 mil euros). Los últimos acontecimientos en la ciudad de Ifni, donde el uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir con la ley será objeto de una investigación parlamentaria, demuestra, una vez más, la necesidad de controlar este tipo de transferencias y de denegarlas si hay informes fundamentados de que este material será usado para torturas u otro tipo de malos tratos, o contribuirá a la represión interna en el paí­s.

Tí­midos avances en transparencia todaví­a insuficientes
Las estadí­sticas presentadas por el Gobierno español proporcionan por primera vez información por categorí­as sobre las licencias autorizadas, información que deberí­a facilitar un cierto control preventivo sobre algunas operaciones autorizadas en el 2007 pero todaví­a no realizadas. Este informe también incorpora, como información anexa y detallada, datos sobre el número y tipos de licencias tramitadas y denegadas.

En cuanto a los documentos de control, el Gobierno informa, también por primera vez, sobre las operaciones exentas de documentos e informes previos de control por parte de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo interministerial que regula o autoriza las operaciones. Si bien esto es una mejora en términos de transparencia, en virtud de la nueva ley, el gobierno debe de informar sobre los criterios que ha aplicado para eximir determinadas operaciones de estos informes previos. Asimismo, las organizaciones creemos que mejorarí­a el control si informara sobre los paí­ses de destino y no sólo los programas de referencia.

Un año más, las organizaciones lamentan las enormes cantidades de munición para caza y tiro deportivo que España exporta a paí­ses del África Subsahariana, que en 2007 no fueron sometidos a control. De las estadí­sticas oficiales solamente se desprende que hubo un mí­nimo control sobre las armas de caza vendidas a Guinea Bissau, Kazajstán, Mongolia, Namibia, Senegal y Tanzania. Sin embargo, los 3,5 millones de euros en concepto de munición que España vendió a Ghana en el 2007 no fueron revisados por las autoridades. La falta de control de la munición para caza y tiro deportivo a Ghana es preocupante debido al riesgo de tráfico ilí­cito de este material a paí­ses vecinos, algunos de ellos inmersos en situaciones de conflicto o posconflicto armado. Aunque es positivo que la nueva ley obligue a partir de 2008 al control de este tipo de productos las organizaciones lamentan que el gobierno español haya incumplido la obligación que tiene en virtud de la ratificación del Protocolo sobre Armas de Fuego de Naciones Unidas a ejercer un control sobre las armas de caza, tiro deportivo y sus municiones.

Por todo ello, Amnistí­a Internacional, Intermón Oxfam, la Fundació per la Pau y Greenpeace solicitan lo siguiente:

Al Gobierno español que:

– A través del Secretario de Estado de Comercio comparezca sin dilación ante la Comisión de Defensa del Congreso para dar a conocer los criterios utilizados para la exportación y autorización en el 2007 de armas y material de doble uso a paí­ses en los que hay un riesgo real de que las armas puedan servir para cometer violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

– Tenga una postura activa a favor de la elaboración de un Tratado Internacional por el comercio de armas efectivo en Naciones Unidas y la firma y rápida ratificación de la Convención de Dublí­n por la prohibición de las bombas de racimo

A la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados que

– En cumplimento de la ley, elabore el dictamen preceptivo a partir de los datos proporcionados por las estadí­sticas oficiales del 2007 y que en el mismo se incorporen recomendaciones claras para mejorar el control y la transparencia de las ventas de armas en España.

Información adicional

En diciembre de 2007 quedó aprobada la Ley sobre el Comercio Exterior de material de defensa y de doble uso en España tras más de diez años de campaña de las organizaciones que firman este comunicado de prensa. La Ley obliga al Gobierno español a aplicar los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea que no permiten transferencias de armas a paí­ses en los que las mismas puedan contribuir a la violación de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y al desarrollo sostenible.

En virtud de la ley, el Congreso de los Diputados debe elaborar un dictamen anual en base a las estadí­sticas oficiales de las exportaciones de armas españolas del año anterior con recomendaciones al Gobierno para que cumpla escrupulosamente con el objetivo y espí­ritu de la ley en materia de control y transparencia. La elaboración del dictamen deberí­a comenzar tras la comparecencia obligatoria del Secretario de Estado de Comercio en el Congreso para que informe de las operaciones de 2007.