La reciente decisión del Gobierno español de ofrecer "Lanchas Torpederas", sumado al regalo de "lanzadoras de bombas de fragmentación" a Marruecos y de la venta de 200 millones de euros en vehí­culos blindados, suponen un hecho de extrema gravedad, que no favorece para nada el diálogo, que se dice se pretende fomentar para solucionar de una forma justa y pací­fica el conflicto.

Desde CEAS-Sáhara queremos condenar dicha polí­tica de acuerdos militares con Marruecos que lleva realizando el Gobierno estos últimos años, unido a este nuevo ofrecimiento, que alienta la intransigencia marroquí­ y contribuye a mantener por la fuerza la ocupación ilegal de un territorio que sigue pendiente de descolonización.

Esta actuación va en contra del "código ético" de comercio de armas de la UE con otros paí­ses, contra la Ley de Comercio de Armas aprobada a finales del año 2007 por el Congreso de los Diputados, que prohí­be expresamente la venta de armas a paí­ses en conflicto, o donde se violen los Derechos Humanos, y entre ellos figura paí­ses como Marruecos, que es permanentemente denunciado en cuanto a la violación de los derechos humanos y sigue en conflicto permanente en el antiguo Sáhara español.

También queremos hacer un llamamiento urgente a la opinión pública española, a sus instituciones y a sus organizaciones polí­ticas y sindicales, y al propio Gobierno de España, para que se paralicen de inmediato dichos contratos o regalos militares, ya que constituyen un desafí­o a la paz y la seguridad en toda la región.

Las reiteradas declaraciones del Gobierno español en favor del entendimiento entre las partes o las recientes manifestaciones del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, sobre el respeto del derecho a la autodeterminación de los saharauis no pueden ocultar que, lejos de la neutralidad que tantas veces proclama, el Gobierno se ha inclinado por rearmar al ejército marroquí­ ante la posibilidad de un guerra en el Sáhara, así­ como por fortalecer la impunidad de Marruecos en un territorio en el que, según las resoluciones de la ONU, España no ha dejado de ser formalmente la Potencia Administradora.

Durante más de 30 años, Marruecos ha incumplido sistemáticamente las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental, se ha burlado descaradamente de la comunidad internacional al negarse a aplicar acuerdos que anteriormente habí­a firmado, cada dí­a viola los Derechos Humanos al detener, torturar y encarcelar a saharauis cuyo único delito es reclamar que se respete la legalidad internacional. Y todo ello lo sigue haciendo con el silencio cómplice del Gobierno español.

Marruecos es un paí­s en conflicto permanente, con inmensas carencias democráticas y un complicadí­simo equilibrio interno, denunciado por las más diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y que, además, también mantiene reivindicaciones territoriales con todos sus demás vecinos. Es intolerable que, en estas circunstancias, a nuestro Gobierno no se le haya ocurrido otra cosa que fortalecer su capacidad ofensiva, primando con ello su impunidad e intransigencia y perturbando los esfuerzos de paz desplegados por la Comunidad Internacional.