"Los esfuerzos para librar al mundo de la tortura y de otros maltratos continúan encontrando importantes obstáculos, el más importante es el hecho de que, en muchos paí­ses del mundo, continúa aplicándose la tortura y los maltratos a las personas detenidas, presas o en situación similar", afirma la institución en un comunicado.

Datos de AI dan cuenta de que, en 2007, la tortura fue aplicada en más de 80 paí­ses. La entidad denuncia que, en delegaciones de policí­a, presidios, centros militares de detención, salas de interrogatorio y otros lugares similares de todo el mundo, los funcionarios del Estado abusan del poder absoluto que tienen sobre las personas indefensas privadas de su libertad y les infligen dolor o permiten que otros lo hagan con impunidad.

De acuerdo con AI, el Comité de la ONU contra la Tortura examina periódicamente los informes de los Estados Partes sobre la aplicación de la Convención y exponen conclusiones y recomendaciones a los Estados sobre cómo prevenir y castigar la tortura y ofrecer reparaciones a las ví­ctimas.

El 22 de junio de 2006, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura entró en vigencia. Actualmente, 35 paí­ses ya lo ratificaron, otros 33 ya lo firmaron. Ese protocolo permite la visita de especialistas internacionales a los centros de detención de los Estados Partes. Además, el documento obliga a los paí­ses miembros a establecer un mecanismo nacional para realizar visitas a los centros de detención y cooperar con los especialistas internacionales.

Según la sección chilena de AI, Chile debe intentar corregir las deficiencias de la legislación para la aplicación de la Convención y del Protocolo Facultativo. Además, debe también proporcionar formación, establecer unidades especiales de policí­a y fiscales para investigar las denuncias de tortura y procesar a los supuestos responsables.

"Los Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales. Los que no ratificaron la Convención, deben hacerlo. Los que formularon reservas que perjudican la protección que ofrece la Convención, deben retirarlas. Los que no permiten presentar denuncias particulares ante el Comité contra la Tortura, deben permitirlo. Los que no ratificaron el Protocolo Facultativo, deben ratificarlo. Además, los Estados deben hacer generosas contribuciones al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Ví­ctimas de la Tortura", finalizan.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com