El Consejo Federal de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha aprobado hoy por unanimidad convocar a sus 90.000 afiliados y afiliadas de toda España a secundar activamente la huelga general del 20 de junio, así­ como a movilizarse en todos los pueblos y comarcas para conseguir una respuesta masiva del mundo rural a la convocatoria realizada inicialmente por UGT y Comisiones Obreras, y que posteriormente está recibiendo el apoyo de numerosas organizaciones sindicales y polí­ticas.

El detonante de la huelga general ha sido la reforma del desempleo propuesta por el Gobierno, sin consenso ni negociación con los sindicatos, y aprobada, en un acto de clara soberbia polí­tica, mediante un "decretazo" al dí­a siguiente de que UGT y CC OO presentaran oficialmente la convocatoria del 20 de junio.

Para UPA la reforma laboral aprobada por el Gobierno supone un atentado frontal a los sistemas de protección social, que son una conquista y un derecho de los trabajadores, y un paso más hacia la progresiva precariedad en el empleo. Sólo por ello, está más que justificada la respuesta contundente de una huelga general.

Pero, como es lógico, una convocatoria de este tipo siempre termina reflejando el rechazo de la sociedad a una manera de gobernar -como ocurre con la arrogancia, la falta de diálogo y de respeto a los interlocutores sociales que demuestra el Gobierno del Partido Popular- y a la acumulación de problemas en diferentes ámbitos: la reforma de la enseñanza, el abandono de servicios públicos tan básicos como la sanidad y la educación, etc

En el caso de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, el apoyo a la convocatoria de la huelga general del 20 de junio representa, además, el rechazo del mundo rural a las polí­ticas que afectan tanto a la actividad agraria como a otros aspectos sociales y laborales.

Así­, UPA considera inadmisible la supresión del subsidio agrario planteado por el Gobierno, ya que se intenta criminalizar ante la opinión pública a la totalidad de los perceptores de estas ayudas, invocando supuestos y siempre minoritarios casos de fraude, sin tener en cuenta los enormes beneficios sociales y económicos que ha reportado este sistema a amplias zonas rurales de España, que han experimentado un importante desarrollo de servicios e infraestructuras y que han servido también para frenar el despoblamiento de cientos de municipios radicados en zonas económicamente deprimidas.

Llama la atención, en este sentido, la celeridad con la que el Gobierno quiere suprimir el subsidio agrario que beneficia a varios cientos de miles de personas humildes, con su negativa a aplicar la modulación de las ayudas agrarias de la Unión Europea a un grupo muy reducido de latifundistas andaluces y extremeños que son perceptores de ingentes sumas de dinero teniendo su domicilio fiscal y residencia en las mejores zonas de las grandes ciudades. Por ello, entre las reivindicaciones de la huelga general, UPA incluye también la modulación y el Estatuto del Agricultor y Ganadero.

Hay que recordar que el coste del subsidio agrario que se quiere suprimir representa para el Estado 979 millones de €uros al año (163.000 millones de pesetas), mientras que los grandes empresarios agrarios que representan tan sólo al 3,5% de los perceptores de ayudas recibieron el pasado año 2.400 millones de €uros (400.000 millones de pesetas), el 40% del presupuesto total de las subvenciones agrarias.

Y, en cuanto al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, incluido también en el debate sobre las reformas que pretende el Gobierno, UPA considera que no se debe producir ningún cambio mientras no se negocie una reforma general del sistema consensuada con todos los agentes sociales.