¿En qué situación nos encontramos a dí­a de hoy?

Tras comenzar el procedimiento administrativo del EIA hace dos semanas, las irregularidades anteriormente citadas que la Plataforma ha vivido durante más de tres años, alcanzan ahora su culmen, precisamente en el momento más importante y en el que deberí­an de estar garantizados la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental así­ como el cumplimiento escrupuloso de la normativa autonómica, nacional y europea. A nuestra Plataforma le resulta escandalosa esta nueva situación que nos está tocando vivir. Y nos resulta escandalosa porque en este proceso hemos observado irregularidades como las siguientes:

– Dificultades hasta hora "“ en el ecuador del plazo- insalvables de acceso al proyecto, lo cual ha sido denunciado por esta plataforma.

– Imposibilidad de fotocopiar, fotografiar o sacar del recinto el estudio de impacto ambiental.

– Negativa, en plena era de la información, para proporcionárnoslo en formato digital.

– Los proyectos facilitados a algún ayuntamiento, fuente que actualmente estamos utilizando, carecen de los dos tomos más significativos.

– El Estudio está disperso: Capí­tulos en Andalucí­a y otros en Extremadura, cuando la evaluación de impacto ambiental, por ley, ha de ser globalizada.

– Algunos capí­tulos no están en castellano.

– La denominación del proyecto cambia con respecto al que se inició en la fase inicial de consulta, por lo que tememos que las alegaciones presentadadas con anterioridad pudieran ser invalidadas intencionadamente.

– Desde la administración se nos ha negado la ampliación del plazo que ha quedado reducido al mí­nimo de 30 dí­as establecido por la ley.

El antiguo gabinete de Narbona adquirió con la Plataforma Ciudadana Refinerí­a NO el compromiso de iniciar los trámites para que el plazo fuese, al menos, de seis meses, dada la dificultad que, incluso para ellos, supondrí­a la evaluación de un informe de una complejidad sin precedentes en España. Este hecho resulta especialmente escandaloso cuando la propia empresa presume de haber empleado a 375 técnicos durante tres años en la elaboración de un estudio de más de 5.000 páginas. Por si este plazo de 30 dí­as fuese excesivo, los sábados, contabilizados como dí­as hábiles, las dependencias de la Consejerí­a donde está expuesto el EIA están cerradas.

– Juan Sillero, titular del proyecto, está inhabilitado por sentencia judicial a no ostentar cargos en proyectos industriales susceptibles de causar daños ambientales.

– Actualmente, se están llevando a cabo nada menos que cinco procedimientos de manera simultánea sobre Refinerí­a Balboa. AAI de la refinerí­a. AAI del oleoducto, DIA por parte del Ministerio de Medio Ambiente, AAP por parte del Ministerio de Industria y Autorización de los vertidos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En todos estos procedimientos tendrí­a que participar en el plazo de un mes cualquier ciudadano que se opusiese a la instalación de la refinerí­a.

Como un pilar básico de nuestra plataforma siempre fue la argumentación fundada, el incumplimiento de la legislación de los puntos anteriores está reflejado en las siguientes leyes y directivas:

– 1. La ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información a la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

– 2. La Directiva 2003/4/CE

– 3. La Directiva 2003/35/CE

– 4. El RD legislativo 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto de proyectos.

– 5. Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

El Convenio de Aarhus, en el que se basan gran arte de estas leyes, dice:

"El importante papel que los ciudadanos y organizaciones tienen en la preservación del medio ambiente, y en el convencimiento de que un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permite tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente pues se garantiza un mayor apoyo del público a las decisiones adoptadas."

Como conclusión, tenemos claro que la administración está descaradamente minimizando la posibilidad y el derecho de que la ciudadaní­a tenga un acceso libre a la participación pública contra este proyecto irracional y está considerando el procedimiento como un mero trámite burocrático obligatorio.