Esta es la primera parte del resumen de la propuesta que La Asamblea Ecologista de La Palma ha presentado sobre PARTICIPACIÓN CIUDADANA al equipo redactor del PIOLP.

La Asamblea Ecologista, tanto en los encuentros llevados a cabo con diferentes representantes públicos, con el equipo del PIOLP y a través de la prensa, no hemos dejado de insistir en que lo más importante para que el PIOLP se desarrollase, de la forma más transparente, democrática y consensuada posible, era hacerlo a través de un verdadero proceso de participación ciudadana. Pues bien, el resultado ha sido oí­r sólo lo que interesaba. Nuevamente las instituciones han hecho gala de su talante demagogo y antidemocrático, secuestrando para su discurso el concepto, usándolo de forma confusa e imprecisa, y en la práctica ajustándose a lo estrictamente formal que exige la ley sólo en cuestión de plazos.

Tal y como lo ha descrito D. Faustino Garcí­a Márquez, Director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático, y en un seminario sobre Planeamiento y Cultura del Territorio en Canarias, celebrado recientemente en S/C de La Palma, organizado por la Viceconsejerí­a de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, entre otras: "La exigencia de que la participación ciudadana sea efectiva1 no es gratuita. Los instrumentos de ordenación, y de gestión y ejecución del planeamiento son documentos notablemente complejos y extensos y con un alto contenido técnico y jurí­dico, de difí­cil (y en ocasiones imposible) comprensión por parte de los ciudadanos y hasta de técnicos no experimentados.

Esta complejidad y difí­cil comprensión revisten una especial gravedad al confluir sobre el territorio, en general, y sobre la ciudad, en particular, toda una serie de intereses privados y públicos, de propietarios y usuarios, de administradores y administrados, que pueden ocasionalmente converger, pero también con frecuencia son contrapuestos y colisionan. Se produce entonces una notable disimetrí­a entre la capacidad de información, conocimiento, asesoramiento, comprensión, actuación y presión entre los ciudadanos y determinados grupos sociales o económicos, incluyendo entre ellos a las propias Administraciones urbaní­sticas, cuyos intereses en cuanto tales, por más que puedan ser legí­timos, no tienen por qué coincidir siempre con el interés general.

Con excesiva frecuencia, la información pública se convierte así­ en un acto puntual, que dura lo que el trámite, sin conocimientos anteriores ni seguimientos posteriores. Se convierte en un acto estático y burocrático en el que el ciudadano tiene el dudoso derecho de enfrentarse a una masa inextricable de papeles escritos y planos dibujados, durante unas determinadas horas de unos determinados dí­as, normalmente coincidentes, para mayor dificultad, con su horario laboral habitual. Resulta, por tanto, con la misma excesiva frecuencia, un trámite imposible o, cuanto menos, insuficiente e insatisfactorio, y que en ningún momento puede conceptuarse de participación, y menos aún de ciudadana.

Pero lo más grave, con diferencia, no son estos frecuentes conflictos, sino la frustración y desmotivación que provoca la práctica burocrática de estos trámites entre los ciudadanos, en detrimento de su capacidad de participación no solo en éste, sino en otros procesos necesitados de Implicación social"

El no cumplimiento de esta exigencia, que depende en gran medida de una falta de voluntad polí­tica comprometida con la democracia por parte de las instituciones, deriva en la implantación, de forma autoritaria, de modelos territoriales hechos al ritmo y la medida que impone el mercado. Lo cual se justifica demagógicamente a su vez con esa falsa idea que confunde interés mercantil con interés general. Autoritaria, porque de hecho, como afirma F. Garcí­a Márquez, la mayorí­a de la población queda excluida de la toma de decisiones. Y la clave de esa exclusión, y por tanto autoritarismo de los excluyentes, está precisamente en el ritmo, el tiempo, con el que se desarrollan esos planes como señala también Fernando Sabaté Bel. "El desarrollo de proyectos e iniciativas territoriales impuestos de manera autoritaria se puede llevar a cabo de forma relativamente acelerada. Sus potenciales efectos negativos también se pueden dejar sentir a corto plazo en forma de impactos sociales y ambientales más severos e irreversibles. En cambio, la democracia exige ritmos más pausados para la toma de aquellas decisiones que resultan trascendentales para el territorio (concebido como espacio más historia) y la comunidad humana que lo habita en el presente. El consenso puede ser deseable, pero el disenso y, aún, la explicitación del conflicto "”siempre que se exprese de forma pací­fica"” entre intereses sociales contrapuestos, constituyen elementos consustanciales al proceso democrático. La democracia implica el contraste de argumentos, y resulta más completa cuanto mayor es la extensión de los debates argumentados por todo el conjunto social. Tal proceso implica tiempo. Pero no un tiempo cualquiera, sino un tiempo de calidad, marcado por la adquisición racional y rigurosa de conocimiento acerca de los hechos sometidos a discusión; y enriquecido por el apego emocional a un territorio que puede sentir intensamente la ciudadaní­a que participa en el debate. Todo lo contrario de los ritmos y los apegos que desarrolla la lógica del capital cuando se impone de forma autoritaria, desembridada de controles democráticos". (Continuará"¦)