Al respecto, manifiesta lo siguiente:

1- Sorprende que un Proyecto de Ley que puede suponer una modificación relevante del vigente ordenamiento jurí­dico en materia de ordenación del territorio y urbanismo, no haya sido consultado con los distintos colectivos más directamente implicados en estas cuestiones. Este es otro ejemplo más de la contradicción que supone la permanente apelación de nuestros representantes polí­ticos a la participación de la población en los procesos de adopción de medidas que afectan al conjunto de la sociedad mientras que la preparación real y la gestión de esas mismas acciones se concretan por un reducido número de supuestos expertos, obviando la posible aportación previa de criterios y consideraciones que pueden ser muy relevantes y necesarios.

2- Es reprobable la continua modificación y enmienda de textos legales que han tenido un corto recorrido y que en materia urbaní­stica y de ordenación territorial alcanza cotas inverosí­miles, generando una extrema inseguridad administrativa y, en definitiva, haciendo cada vez más incomprensible el marco jurí­dico aplicable. En la última década se ha legislado masivamente de tal manera que a dí­a de hoy se han incorporado no menos de diez textos legales en la materia y el texto básico para este fin, la Ley del Territorio de Canarias, se ha enmendado parcialmente por el Parlamento de Canarias en múltiples ocasiones.

3- No se puede presentar un proyecto de Ley que aborda cuestiones tremendamente dispares como son el desarrollo de actividades en el suelo rústico, la ejecución de polí­gonos y usos industriales y la reorganización de la actividad turí­stica, desde un planteamiento simplista, y que se pretende simplificador, sin entender globalmente los problemas que se pretende resolver.

Cada uno de los temas citados merecerí­a una reflexión especí­fica y más pausada que la aplicación de incentivos y cambios administrativos de muy dudoso beneficio para la mejora de las cuestiones abordadas.

Finalmente, resulta decepcionante el grado de improvisación que se desprende de un borrador legal confuso, con lagunas procedimentales e, incluso, con faltas de ortografí­a y sintaxis que son un claro reflejo de una improvisación inadmisible en un órgano de gobierno de una sociedad democrática avanzada.

Por todo ello, este colectivo profesional, que representa a los técnicos que tienen la responsabilidad en la redacción de los instrumentos de planificación y ordenación territorial de los municipios del Archipiélago, solicita al Gobierno de Canarias la reconsideración general del documento referido y la realización de consultas previas a la redacción de propuestas como este Proyecto de Ley, entre aquellos agentes más directamente implicados en la resolución de los problemas que inciden en el territorio

Sr. Garcí­a Barba, Saludos.

Mi nombre es Mario Rguez., soy miembro de la Asamblea Ecologista de La Palma. En algunas ocasiones hemos acudido a alguno de sus textos para encontrar argumentos con los que defender nuestra isla del modelo de ordenación que ahora se pretende imponer, por lo que le agradecemos mucho su trabajo y su cooperación (aunque haya sido involuntaria).

Me dirijo a usted, esta vez más directamente, para solicitar su opinión respecto a este proyecto de ley que pretende hacer modificaciones sobre el texto refundido 1/2000.

http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/ordenacion/documentos/Borrador%20Ley%20medidas%20urgentes%20Ordenacion%20Territorial.pdf

Nuestra preocupación consiste, entre otras cosas, en que además de la desprotección del territorio de Canarias que creemos va a suponer, va a permitir una planificación a la carta para el sector especulativo que amenaza a esta isla a través de PIOLP, cuya tramitación acaba de comenzar y que además incluye el PTE de uso turí­stico. En estos momentos y fundamentalmente basándonos en el texto refundido entre otras, hemos presentado un contencioso contra este PTE de uso turí­stico, aunque ya sabemos cómo funcionan los contenciosos en Canarias contra estos sectores económicos es un frente al que no podemos renunciar, y aunque las cosas fuesen bien en esta ocasión, antes de los hechos consumados que ya podrí­an producirse (ayer el gobierno de Canarias ya dio via libre a los campos de golf), si cambia la legislación el disparate que supone el PTE será consumado a través del PIOLP.

La cuestión es ¿qué supondrí­a para la ordenación del territorio en Canarias la aprobación de esta ley?¿en qué se traducirán los cambios que pretende sobre la legislación actual?

Nuestra intención es presentar una alegación, si llegamos a tiempo, el plazo es de 8 dí­as, o denunciar públicamente y con datos objetivos cómo la legislación se cambia a favor de los intereses económicos de un sector que va quemando tierra allá por donde pasa... Para lo cual siempre es interesante contar con la opinión de expertos y profesionales como es su caso.