Ante el protocolo de intenciones firmado esta mañana por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y el ministro de Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba que define el futuro de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) reitera su oposición a la construcción de nuevas viviendas en el ámbito, una postura que defiende desde antes incluso del cierre del centro penitenciario.

La Federación vecinal insiste en que lo que necesita la ciudad de Madrid, que cedió a la Administración del Estado más de 170.000 metros cuadrados para la construcción del penal, son equipamientos públicos para dar satisfacción a las necesidades de los más de 500.000 vecinos y vecinas de los distritos de Carabanchel y Latina, no más viviendas. La Federación regional recuerda que los desarrollos urbaní­sticos de Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas, Arroyo del Fresno, Valdebebas, El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales... aportan, en total, más de 153.000 viviendas, a las que hay que añadir las casi 180.000 residencias vací­as que actualmente existen en la capital.

Por último, la FRAVM subraya que para el movimiento vecinal es una premisa irrenunciable que los equipamientos sociales que ocupen en un futuro los terrenos del penal sean de gestión cien por cien pública. Pone de manifiesto, por tanto, su frontal oposición a que el futuro hospital, para el que el protocolo reserva 40.000 metros cuadrados de suelo público, sea de gestión privada, como ha anunciado Esperanza Aguirre, un modelo más caro, ineficaz e inseguro que consuma, además, un injustificable expolio del patrimonio común.