Para CGT, estos EREs representan un fraude social y un fraude jurí­dico legal, ya que, las responsabilidades de estos despidos corresponden a las empresas y se pretende que sea la sociedad quien pague los costes de incumplimientos contractuales entre las empresas transportistas y proveedores de piezas y las empresas de automoción, metal"¦

Hay que recordar que, en los años 90, se instauraron en todas las empresas de automoción los sistemas de trabajo denominados "justo a tiempo", procediéndose a eliminar el almacenaje de piezas, stock y el transporte propio y se establecieron contratos a corto y largo plazo con empresas proveedoras de piezas y empresas transportistas para que éstas sirvieran las piezas en función de las necesidades de producción y la demanda del mercado.

Estos sistemas de trabajo de "justo a tiempo" redujeron costes laborales, de almacenaje, de transporte, etc. Con estas medidas, las empresas vieron aumentadas sus ganancias de forma significativa y ganaron en "competitividad". Varios miles de trabajadores fueron despedidos por razones técnicas, organizativas o productivas en base al artí­culo 51 del Estatuto de los Trabajadores, siendo el erario público quien se hizo cargo de las prestaciones de desempleo tanto contributivas como no contributivas.

Por tanto, ahora la responsabilidad de los despidos es empresarial. La Ley obliga a las empresas a prever y hacerse responsable de las consecuencias de esos sistemas de trabajo que contemplan la eliminación de los almacenes. Son las empresas quienes deben asumir las responsabilidades cuando las empresas proveedoras de materiales y las transportistas pudieran ejercer sus derechos constitucionales de huelga, cierre patronal o simplemente "interrumpir los suministros". Los daños los deben pagar las empresas concretas por incumplimiento de contratos privados entre empresas privadas.

Desde CGT decimos "Basta ya de fraudes sociales y expolio del dinero público". Si se admiten los EREs por la Autoridad Laboral correspondiente, supondrí­a que del erario público tendrí­amos que pagar unos 12 millones de euros (media de 600 euros por trabajador -desempleo de unos tres dí­as en suspensión + seguridad social- por 20.000 trabajadores afectados).

CGT asume su responsabilidad de lucha junto con el conjunto de trabajadores y trabajadoras para parar esta nueva agresión, no sólo con la razón jurí­dica sino, sobre todo, con la acción sindical y la movilización para la defensa de nuestros derechos laborales y sociales.