Según el informe, entre 2005 y 2007 se han investigado 1.487 empresas con alta temporalidad en sus contratos, investigándose 80.133 contratos y consiguiendo la transformación en indefinidos de 13,202 contratos (un 18,25 por ciento de los afectados).

Elvira ha explicado que "lo más grave se encuentra en materia de cesión ilegal de trabajadores. Tras visitar empresas de servicios que tienen como matriz o empresa principal una ETT, la Inspección de Trabajo afirma que existe un clima de infracción generalizada al artí­culo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la cesión de trabajadores".

En cuanto al empleo de trabajadores con discapacidad, el 40 por ciento de las 739 empresas con más de 50 trabajadores visitas por la Inspección comete infracciones o es objeto de requerimiento para cumplir la obligación de tener contratado un 2 por ciento de trabajadores con discapacidad.

La sindicalista ha manifestado que "otro elemento esencial hoy en las relaciones laborales es la discriminación entre hombres y mujeres. 68 de las 131empresas inspeccionadas han sido objeto de requerimientos para subsanar discriminaciones entre mujeres y hombres, al tiempo que se han levantado 13 actas de infracción en esta materia".

En cuanto a incumplimiento de obligaciones en condiciones de trabajo de las 5.079 empresas inspeccionadas, 711 han recibido una propuesta de sanción, es decir un 14 por ciento".

La persistencia del fraude en la contratación ilegal de trabajadores o empleo sumergido, principalmente extranjeros es una práctica generalizada en algunos sectores productivos, se han levantado 2.604 actas de infracción de las 11.471 empresas visitas.

Elvira ha concluido afirmando que "el número de infracciones detectadas es muy elevado y desde CCOO creemos que pone de relieve que allí­ donde no hay sindicato, en las pequeñas y medianas empresas generalmente el nivel de incumplimiento de la normativa laboral es alto y el fraude en la contratación, el empleo sumergido, en la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, en materia de cesión ilegal de trabajadores o en incorporación de personas con discapacidad al empleo es elevado. De nada sirve que desde CCOO denunciemos estas situaciones cuando las detectamos a través de nuestros delegados o secciones sindicales, si la Inspección carece de efectivos suficientes y no puede atender inmediatamente a los trabajadores afectados, o no puede efectuar una segunda visita para verificar que se cumplen los requerimientos o los procedimientos de infracción son sorteados por empresarios astutos que nunca pagan. Madrid necesita tres veces el número de inspectores con los que ahora cuenta para que el fraude o la irregularidad no sean prácticas habituales sino comportamientos excepcionales".