Las irregularidades, fraudes de ley e ilegalidades que presenta dicho documento y su trámite de aprobación no se resuelven con notas de prensa engañosas como la enviada por este representante público, utilizando el cause institucional, para dar a entender que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias daba el amparo legal al PTE.

Nada más lejos de la realidad. Este tribunal únicamente ha denegado la solicitud de suspender inmediatamente la totalidad del PTE ("suspensión cautelar"). Como el mismo tribunal ha manifestado, esta resolución "no puede confundirse con el enjuiciamiento sobre el fondo de asunto". Es decir que el contencioso sigue su proceso y en su momento este tribunal emitirá su sentencia. Incluso el tribunal reconoce que en la aplicación de este Plan "pueden concretarse vicios, susceptibles de corrección posterior, y sin que esto impida la protección de casos concretos por la fórmula de impugnación individual."

Nos llama la atención que este auto del TSJC fue emitido el 14 de abril de 2008 y el Viceconsejero emite su nota de prensa un mes y medio después, y -qué casualidad- un dí­a después de que el Consejo de Gobierno (de Canarias) diera luz verde a los proyectos urbanizadores del monte palmero, amparados en los campos de golf.

Si existe una gran inseguridad jurí­dica en este Plan, es porque los que deberí­an dar ejemplo de escrupuloso respeto a la legislación y a la normativa vigente, es decir, los representantes públicos implicados, se han convertido, junto con algunos técnicos sin escrúpulos, en malabaristas del fraude de ley y de la trampa. Y lo que es más grave, muchas veces con el objetivo de apoyar la especulación y el beneficio de unos pocos frente al interés general. Y por supuesto todo esto con un profundo desprecio a la participación de la ciudadaní­a, como han demostrado al ignorar las miles de alegaciones presentadas al PTE, las miles de firmas contra los proyectos de campos de golf y sus urbanizaciones o las recientes 2000 alegaciones contra el proyecto de destrucción del Paisaje Protegido de Tamanca presentadas en el ayuntamiento de Los Llanos.

Actitudes como la del Alcalde de Los Llanos, que públicamente desprecia el acatamiento de la sentencia del TSJC que obliga al Ayuntamiento a proteger los valores naturales de Tamanca indica claramente desde qué instancias se está fomentando la inseguridad jurí­dica.

En cualquier caso, se ha recurrido al Tribunal Supremo la denegación de las medidas cautelares solicitadas, además de estar preparando un nuevo contencioso contra la reciente aprobación de los campos de golf y sus urbanizaciones. Y por supuesto no descartamos la "impugnación individual" (como apuntaba el auto comentado) de cualquier proyecto que se derive de este plan en base a las ilegalidades y fraudes de procedimiento contenidos en él.

Reiteramos que continuaremos defendiendo, junto a otros colectivos ciudadanos, el estado de derecho, la legalidad vigente y el derecho de la ciudadaní­a a participar en las decisiones que afecten a su futuro y su calidad de vida, aunque esta actitud parezca molestar a algunos.