El Proyecto de Ley de reforma parcial del IRPF aprobado hoy por el Consejo de Ministros implantará un sistema más injusto y complejo que reducirá la potencia recaudatoria de este impuesto, disminuirá su progresividad y abrirá la puerta para eliminar, en otro retoque a la norma, los principios de igualdad, generalidad y progresividad que han regido este impuesto. La propuesta reducirá la recaudación en 3.600 millones de euros, lo que servirá de coartada para incrementar los impuestos indirectos que son los que pagamos todos, sin tener en cuenta nuestro nivel de renta, o plantear nuevos recortes del gasto social, como ya es habitual en el Gobierno del PP.

En espera de un análisis detallado de las medidas concretas incluidas en el Proyecto de Ley reforma parcial del IRPF aprobado hoy por el Consejo de Ministros, de la lectura del mismo puede extraerse ya una valoración global negativa, puesto que profundiza la regresiva lí­nea de reforma del IRPF iniciada por el Gobierno del PP en 1996, y consolidada con la anterior reforma realizada en 1998.

El artí­culo 1 del propio IRPF, que trata sobre la naturaleza del impuesto, reza: "El IRPF es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas fí­sicas de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares". Con ello, expone las caracterí­sticas definitorias del tributo y los principios que deben regir su funcionamiento, teniendo en cuenta además que se trata de la figura más potente en términos recaudatorios y la que posee, por las caracterí­sticas antes mencionadas, la mayor capacidad para incidir sobre los objetivos constitucionales de redistribución de la renta y solidaridad.

Pues bien, la reforma planteada por el Gobierno perjudica todos y cada uno de los objetivos básicos que debe perseguir por Ley el IRPF, configurando esta figura tributaria como un instrumento a la medida de sus intereses polí­ticos y clientelares, reduciendo su importancia en el conjunto de ingresos del Estado y minimizando todo elemento del impuesto con capacidad para elevar las dosis de justicia y redistribución del mismo.

Con el demagógico objetivo declarado de "reducir el impuesto a todos y cada uno de los contribuyentes" (de indudable enganche populista), y con una intensa campaña propagandí­stica centrada en repetir incesantemente que el Impuesto mejorará todos sus resultados, aunque los estudios independientes realizados demuestren lo contrario, el Gobierno esconde sus verdaderos objetivos, que no son otros que:

reducir la potencia recaudatoria de este impuesto, considerado "molesto" porque introduce ciertas dosis de justicia tributaria, para elevar otros de carácter indirecto, menos perceptibles por el contribuyente, pero que al ser pagados por igual por todos con independencia de su renta perjudican en mayor medida cuanto menor es el nivel de renta (es decir, son regresivos). Así­ viene sucediendo desde 1996, fecha en que llegó al Gobierno el Partido Popular;

disminuir la progresividad del propio IRPF, es decir, lograr que las aportaciones aumenten cada vez de forma más suave cuando aumente la renta, haciendo cada vez más reducida la diferencia entre el porcentaje de renta que pagan los que más tienen y los que menos;

utilizar la polí­tica fiscal, a través de la proliferación de reducciones impositivas, como instrumento principal de fomento de actuaciones en materia de protección social o laboral, porque así­ excluye de su ámbito a quienes no tienen obligaciones de realizar declaración, en general los colectivos más desfavorecidos, y a la vez complica y dificulta la comprobación de la intensidad de las polí­ticas desarrolladas y de su eficacia; en definitiva, se percibe peor que se reduce el Estado de Bienestar.

En esta dirección se encamina la reforma planteada, que posee efectos indudables que ratifican lo antes mencionado:

Reduce la recaudación: en 3.600 millones de euros según reconoce la propia Memoria Económica aportada por el Gobierno (que por cierto, despacha en cuatro páginas escasas la "Valoración económica de los cambios normativos" planteados en la presente reforma). Con ello se da una nueva coartada para incrementar los impuestos indirectos o para plantear recortes del gasto social, como viene siendo la norma del PP.

Recorta la progresividad y, por tanto, la capacidad redistribuidora del Impuesto, básicamente a través de una doble ví­a:

Reduciendo la tarifa de nuevo, pasando de 6 a 5 tramos y, sobre todo, disminuyendo el tipo marginal máximo del 48% al 45%. Con ello, desde 1996 el PP ha reducido la reducida tarifa, el mejor y más claro instrumento para modular la progresividad, de 17 tramos a tan sólo 5, y desde 1998 ha bajado el tipo máximo del 56% al 45%, 11 puntos porcentuales menos de los que se aprovechan quienes obtienen rentas superiores, con una reducción paralela del tipo mí­nimo de tan sólo 5 puntos (del 20% al 15%).

Aumentando las reducciones en la base de forma generalizada, y con justificaciones diversas, lo que beneficia en mayor medida conforme aumenta la renta, puesto que cada contribuyente se beneficia en función del tipo marginal que le corresponde pagar, y éste aumenta conforme lo hacen los rendimientos. El Gobierno muestra así­ una perversa preferencia por las reducciones en la base, antes de aplicar la tarifa, y por ello de efectos regresivos, en lugar de en la cuota, que afectan a todos por igual y perjudican en menor medida la progresividad.

Mantiene la inequidad actual, puesto que no incluye ninguna medida para reducirla. En la actualidad, dos contribuyentes con idéntica capacidad de pago no pagan lo mismo, puesto que su aportación depende de dónde procedan sus rendimientos. Así­, si provienen de plusvalí­as generadas en más de un año, pagará un 15%, el tipo mí­nimo de la tarifa general, mientras que si provienen del trabajo pagará, como mí­nimo del 15% hasta el 45%; y si son rentas empresariales o profesionales ni siquiera se estiman adecuadamente sus ingresos y por tanto su capacidad económica, sino que tributan en función de baremos objetivos alejados de la realidad y que arrojan resultados ridí­culos.

Aumenta la complejidad, puesto que eleva la casuí­stica de posibles reducciones fiscales en la base en función de variados objetivos, además de que mantiene el irracional sistema de retenciones del trabajo actual, indeseable tanto para los trabajadores como para las empresas. El argumento de que aumentará la simplicidad por el hecho de que se reduce en un tramo la tarifa es, sencillamente, impresentable.

Consiente la existencia del fraude actual. Nada aporta la reforma propuesta a la lucha contra el fraude, ni mejora ningún mecanismo de control, con lo que desatiende también el principio de generalidad en el pago de impuestos.

En definitiva, vistos los efectos que tendrá la reforma planteada por el Gobierno, que como se ve atentan contra todos los principios centrales que deben perseguir los resultados del Impuesto, cabe decir que más que una reforma del IRPF, se trata de una reforma "contra" el IRPF, puesto que lo que pretende es devaluar la transcendencia y funciones básicas de nuestra principal figura tributaria.

Por ello, UGT valora muy negativamente la modificación aprobada hoy por el Consejo de Ministros, que, de llevarse a cabo, supondrá la implantación de un IRPF menos potente en términos recaudatorios, más injusto y más complejo, sentando las bases para una posterior reforma que suponga la eliminación definitiva de los principios rectores de este impuesto de igualdad, generalidad y, sobre todo, progresividad.

La regresiva reforma del IRPF planteada, que beneficia en mayor medida a los contribuyentes de rentas elevadas, contrasta duramente con la realidad de las polí­ticas económicas y sociales del Ejecutivo, y en especial las dirigidas a aquellos que por sus escasas rentas no están obligados a presentar declaración del impuesto, como ha puesto de relieve una vez más con la aprobación por Decreto Ley de las medidas de recorte de la protección por desempleo y de abaratamiento de los costes de despido del pasado dí­a 24.