Tras conocerse el proyecto de ley orgánica de partidos polí­ticos, Amnistí­a Internacional (AI) ha elaborado un documento que recoge los comentarios de la organización de derechos humanos en torno a dicho texto.

En este documento, AI muestra su preocupación porque, a través de la ambigí¼edad y la imprecisión de algunos artí­culos del proyecto de ley, se pudieran emprender procesos de ilegalización de partidos polí­ticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pací­fica , lo que serí­a contrario a los artí­culos 1, 16, 20, 22 y 23.1 de la Constitución española así­ como a los artí­culos 9, 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y los artí­culos 18, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos de 1966.

Por ese motivo, Amnistí­a Internacional pide al Parlamento Español que, durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de partidos polí­ticos, tales formulas se eliminen o se sustituyan por otras más precisas, de forma que no puedan dar lugar a interpretaciones que atenten contra la libertad ideológica, de expresión, asociación o participación en los asuntos públicos.

En concreto, a Amnistí­a Internacional le preocupan algunos aspectos del articulado del proyecto de ley que están formulados de manera demasiado ambigí¼a e inconcreta. Por ejemplo, en el artí­culo 9.3, expresiones como "dar apoyo tácito al terrorismo... exculpando o minimizando su significado" o fomentar "una cultura del enfrentamiento y la confrontación civil" son, a juicio de AI, conceptos demasiado genéricos.

Es también preocupante que como motivo para la ilegalización de un partido se incluya el hecho de "utilizar como instrumentos de la actividad del partido, [...] sí­mbolos, mensajes y elementos que representen o se identifiquen con las conductas asociadas al mismo (al terrorismo)" . En opinión de AI, esta imprecisa definición podrí­a llevar a la ilegalización de partidos que compartan con los grupos armados objetivos como la independencia, pero que no aboguen ni usen la violencia. Ese podrí­a ser el caso, por ejemplo, de partidos que empleen mensajes de apoyo al reagrupamiento de presos.

Amnistí­a Internacional reconoce la legitimidad del Estado español para velar por la seguridad de todas las personas que se encuentran en su territorio y es muy consciente de que este proyecto de ley se discute en un contexto de atentados e intimidaciones por parte de ETA contra amplios sectores de la población, especialmente en el Paí­s Vasco. Sin embargo, el gobierno español debe garantizar que todas las medidas que se adopten para salvaguardar la seguridad dentro de la lucha antiterrorista son plenamente conformes a las leyes y normas de derechos humanos y aseguran a todas las personas el disfrute pleno de todos sus derechos.