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Greenpeace desenmascara las consecuencias reales de los cultivos transgénicos en España
Recibida de Greenpeace el 28-05-2008 a las 02:05

Greenpeace ha presentado hoy un nuevo documento que recoge una serie de testimonios de productores que han sufrido directa o indirectamente la contaminación por el maíz transgénico de Monsanto, MON 810, durante el año 2007 y cuyas realidades socio-económicas se ven fuertemente agredidas por la presencia de este transgénico en nuestros campos. Sin pretender ofrecer una visión exhaustiva de la situación del maíz en España, esta nueva colección de testimonios muestra una realidad evidente: el MON 810 es un grave problema y la situación que se vive en el único país cuyo Gobierno tolera la presencia de transgénicos a escala comercial en la UE es desastrosa, no solamente para el medio ambiente sino también para la economía rural y agraria.

"La producción ecológica es económica y socialmente rentable, además de aportar enormes beneficios para la salud. Es la producción agraria y ganadera del futuro. La única capaz de garantizar un desarrollo sostenible que una los saberes antiguos y las nuevas investigaciones puestas en manos de la sociedad. Los transgénicos impiden ese progreso hacia un mundo mejor", es el testimonio de un productor ecológico aragonés que ha sufrido repetidamente la contaminación de sus cosechas por el maí­z insecticida de Monsanto.

Cada vez hay más datos cientí­ficos sobre los peligros de los transgénicos para la salud y para el medio ambiente. Existe un creciente escepticismo con respecto a los transgénicos en general y sobre el MON 810 en particular por parte de algunos sectores de la Comisión Europea y un buen número de estados miembros. De hecho, por el momento siete paí­ses han puesto en marcha moratorias al cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) debido a los peligros que conllevan (1). "Sin embargo España, con un Gobierno supuestamente progresista a la cabeza, sigue liderando esta loca carrera hacia una agricultura más tóxica y más transgénica", ha afirmado Juan-Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace.

En 2006 Greenpeace presentaba, junto a las organizaciones Assemblea Pagesa de Catalunya y Plataforma Transgènics Fora, el informe "La Imposible Coexistencia", en el cual se mostraba, a través de una amplia investigación, la verdadera situación de los cultivos transgénicos en España. Analizando las realidades de Cataluña y Aragón, el texto constituyó un testimonio real sobre la inviabilidad de la "coexistencia" de la agricultura transgénica con los modelos sin transgénicos.

Este nuevo informe confirma todo lo que en aquella ocasión se puso de relieve y describe, basándose en la experiencia del año 2007 en las comunidades de Aragón, Cataluña y Castilla la Mancha, las repercusiones socioeconómicas y humanas de la presencia de maí­z transgénico en nuestro territorio, mostrando la alarmante reducción de la superficie de maí­z ecológico y las consecuencias directas y reales que los OMG tienen sobre la población.

Conviene recordar que la contaminación de alimentos no transgénicos por OMG puede producirse a lo largo de toda la cadena alimentaria, tal y como demuestran los estudios cientí­ficos realizados al respecto. Si bien este informe describe algunos ejemplos de productores y elaboradores del sector ecológico, ello no significa en absoluto que la agricultura y la ganaderí­a ecológica sean las únicas ví­ctimas de la contaminación genética, más bien lo contrario: ninguna producción, salvo la ecológica, es sometida a tantos análisis, estudios y evaluación. Los alimentos convencionales (no ecológicos) no son analizados a pesar de que las leyes europeas de etiquetado y trazabilidad obliguen a ello, pero se sabe que las producciones convencionales están ampliamente contaminadas por transgénicos. En paí­ses como Estados Unidos, pioneros en el empleo de OMG, el banco de semillas convencional está ya contaminado en unos porcentajes alarmantemente altos (2).

La situación de los transgénicos en España sigue siendo extremadamente preocupante, con una absoluta falta de transparencia, inexistente trazabilidad, descontrol de los cultivos experimentales y decenas de nuevas variedades modificadas genéticamente (MG) aprobadas. El Gobierno español sigue tolerando el cultivo de un maí­z, el MON 810, cuya peligrosidad ha sido claramente demostrada (3).

En España son ya cuatro las Comunidades que se han declarado libres de transgénicos (Asturias, Euskadi, Canarias y Baleares), junto a más de 50 municipios en todo el Estado. "El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no puede seguir manteniendo la situación actual. Otros muchos paí­ses europeos han tomado medidas activas para prohibir estos cultivos y proteger la salud de sus ciudadanos y el medio ambiente", añade Carrasco.

A la vista de la experiencia del año 2007, de las repercusiones socioeconómicas y humanas de la presencia de maí­z transgénico en nuestro territorio y de la contaminación genética, es imprescindible que el Gobierno vea esta realidad y actúe en consecuencia. "La única alternativa es alinearse con los otros grandes productores de maí­z de la UE, reconocer la imposibilidad de la coexistencia y declarar una moratoria contra el maí­z insecticida de Monsanto", concluye Carrasco.

Notas:
(1) Rumaní­a (primer productor de maí­z europeo con 3 millones de hectáreas) se convirtió recientemente en el séptimo estado miembro que prohí­be las variedades transgénicas, siguiendo el movimiento de Francia, Hungrí­a, Italia, Grecia, Austria y Polonia.

(2) Tal y como se concluye, por ejemplo, en un informe realizado a escala nacional y publicado en 2004, en EEUU más del 50% de las semillas "convencionales" de maí­z y soja, y hasta un 83% de las de colza, contienen ya información genética procedente de las variedades transgénicas.

(3) En el mes de enero, a raí­z de las nuevas evidencias cientí­ficas y ante la acumulación de incertidumbres tecnológicas y medio ambientales, el gobierno francés puso en marcha una moratoria sobre este mismo maí­z. El ejecutivo de Sarkozy se acogió para ello a la "Cláusula de Salvaguardia" de la directiva sobre transgénicos 2001/18, prevista para aquellos casos en que un estado miembro disponga de datos según los cuales un OMG constituya un riesgo para la salud o el medio ambiente.




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