El actual modelo de globalización mundial atraviesa todos los ámbitos sociales. No solo se han diluido las fronteras para los intercambios comerciales, el flujo de información y las relaciones entre los Estados. También los habitantes de todo el mundo plantean proyectos vitales en Estados distintos a aquellos que los han visto nacer. Un fenómeno mundial que en España estamos descubriendo desde la década de los 90, que se traduce no solo en crecimiento económico y demográfico, sino también en una mayor diversidad cultural derivada de la llegada de nuevos ciudadanos con los que convivimos en nuestra cotidianidad.

Desgraciadamente, en los últimos años los procedimientos de control de fronteras y regulación jurí­dica de los procesos migratorios en España y la Unión Europea no se pueden considerar precisamente una apuesta decidida por la defensa de los derechos fundamentales de los migrantes: el endurecimiento y externalización del control de fronteras en paí­ses con un currí­culum más que dudoso en el respeto de los DDHH, las normativas y polí­ticas de extranjerí­a cada vez más restrictivas y centradas en la seguridad en todos los paí­ses comunitarios, han convertido casi en una quimera lo que supuestamente pretenden conseguir (que los flujos migratorios se puedan mover por las ví­as de la legalidad), han potenciado preocupantes actitudes sociales racistas y xenófobas y, lo que es más grave, han costado la vida a cientos de personas en mares, vallas y desiertos.

De esta forma, el debate polí­tico está hoy menos que nunca en si queremos o no la llegada de inmigrantes porque la inmigración es un fenómeno que está entre nosotros. El debate es cómo conseguir que la inmigración sea para todos los que residen en España una oportunidad para el diálogo y la construcción de una convivencia intercultural democrática, con derechos (y por supuesto deberes) para todos.

Conseguir este objetivo exige, sin lugar a dudas, apuestas polí­ticas valientes, decididas y de gran trascendencia social, formuladas con visión de futuro, más allá de coyunturas económicas y partidistas.

a) GESTIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS:

A este respecto proponemos:

1.- Reforma de la Ley de Extranjerí­a en al menos tres cuestiones básicas:

Establecimiento de ví­as legales efectivas para la regularización de las personas en situación administrativa irregular. El actual arraigo laboral se muestra ineficaz para este objetivo y el plazo de tres años para el llamado arraigo social condena al limbo jurí­dico a más de un millón de personas en nuestro paí­s. La reforma de estas cuestiones es urgente y prioritaria para evitar procesos extraordinarios no deseables.

Combatir la explotación laboral que hace especial mella en el colectivo inmigrante. Rompiendo así­, por un lado, con el abuso que algunos empresarios hacen respecto a las personas más vulnerables del colectivo inmigrante y, por otra parte, impidiendo la explotación laboral de las personas inmigrantes, que supone una merma de condiciones y calidad en el empleo para todos los ciudadanos, autóctonos y extranjeros. En este sentido, merece especial atención el sector agrí­cola y las condiciones de vida de los jornaleros en cada campaña agrí­cola.

Acceso al cambio de la actividad laboral y su ámbito geográfico durante la duración del primer permiso de trabajo. Se resuelven así­ muchas situaciones en las que la persona extranjera queda sin empleo por despido o incumplimiento del empresario, siendo requerida en otro sector o territorio.

2.- Facilitar el acceso legal a España:

Agilizando la gestión administrativa de los consulados, asegurando la transparencia y fiabilidad de los procesos. Se debe desarrollar, modernizar e incrementar la estructura administrativa exterior, para gestionar los flujos migratorios de manera ágil y flexible y canalizar así­ adecuadamente las migraciones desde los paí­ses de origen.
Potenciando la contratación en origen en condiciones de igualdad en los paí­ses emisores, asegurando condiciones adecuadas de acogida por parte de los empleadores y el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en el sector agrí­cola.
Desarrollando campañas informativas sobre estas iniciativas en los paí­ses de origen.

3.- Regulación de los CIE"™s y polí­tica encaminada a su cierre

Eliminar el carácter penitenciario de los CIE"™s, de acuerdo con lo previsto en la ley, regulando por ley el acceso de los familiares, la comunicación externa, etc. Investigación de las denuncias formuladas.
Promover el acceso y la colaboración de las asociaciones locales especializadas en atención a personas inmigrantes, con los servicios permanentes tanto sociales como sanitarios que deben estar en los centros. Se facilita así­ la transparencia y legalidad de los centros de internamiento de extranjeros.
Oposición tajante a la creación de centros similares en los paí­ses de origen y tránsito, sea con fondos de España o de la UE.

4.- Refuerzo y agilización de las oficinas de extranjerí­a de las delegaciones y subdelegaciones de gobierno.

Dotándolas de más personal administrativo, traductores y recursos materiales, lo que permite la agilización de los procesos administrativos.

b) CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA:

Hace ya bastante más de una década que España recibe inmigrantes. Se debe evitar la visión instrumental y utilitarista de las migraciones, limitada al mercado de trabajo con una idea de presencia provisional de los migrantes, y potenciar el concepto de ciudadaní­a vinculado al territorio para una necesaria convivencia intercultural, y el necesario reconocimiento de la vida en familia de los migrantes. En este sentido y sabiendo que solo el ejercicio de la ciudadaní­a permite la convivencia plena, planteamos:

5.- La normalización de la atención a la población extranjera.

Potenciando que en los servicios públicos y su personal se introduzca la atención normalizada a la población extranjera en iguales condiciones que la población autóctona. Muy especialmente en los servicios sanitarios y educativos. Es necesario trabajar con los gobiernos autonómicos y locales para su implicación en este proceso, allí­ donde estén las competencias descentralizadas.

Muy especialmente deberí­a vigilarse la atención que los municipios prestan a la población extranjera en sus servicios de empadronamiento recordando que es una obligación para el ciudadano y también para el ayuntamiento facilitar este empadronamiento, al margen de la situación administrativa de la persona que pretende empadronarse.

La preocupación social por la violencia de género también debe tener su reflejo en el trato a las personas inmigrantes. Las mujeres inmigrantes que han sufrido maltrato deben poder acceder a todos los recursos y apoyos de la administración al margen de su situación documental. Siendo tratadas antes como ví­ctimas que como inmigrantes.

6.- Acceso al voto en las elecciones municipales para las personas extranjeras residentes.

Como mecanismo fundamental de reconocimiento del papel que en la nueva sociedad española están jugando las personas inmigrantes. El hecho de que las personas que residen en un municipio puedan integrarse en las reflexiones y debates polí­ticos sobre la gestión de ese municipio, es fundamental para la construcción colectiva de la convivencia.

7.- Incremento y mayor control de los fondos destinados a polí­ticas de integración.

Es necesario mantener estos presupuestos que están permitiendo a muchos ayuntamientos generar recursos locales para la atención a la población extranjera. Pero es urgente a la par un mayor control sobre su destino final, especialmente de los recursos para la educación.

Asegurando la formación y sensibilización hacia todo el alumnado y no segregadamente a la población inmigrante. En los municipios es necesario que los fondos se empleen para atender a la población inmigrante de la forma más normalizada posible y no sirvan para segregar aún más su atención o se deriven a reforzar servicios para la población autóctona.

En este punto debemos recordar la situación que se vive anualmente en las comarcas agrí­colas en las campañas de recogida de frutos. Es urgente para facilitar la convivencia vecinal, lograr que los empresarios cumplan con su obligación de facilitar alojamiento en condiciones dignas a todos los trabajadores no residentes en el ámbito geográfico de la campaña, tal y como recogen diversos convenios del campo.

c) ASPECTOS INTERNACIONALES Y ASILO:

Las migraciones, como resultado que son del flujo de población entre paí­ses con muy distintos niveles económicos, también poseen una cara internacional y de respeto a los derechos humanos. Sin trabajar en esta dimensión es imposible eliminar los aspectos más negativos del actual modelo de inmigración.

8.- Firma de la Convención de las Naciones Unidas para garantizar los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias.

La Convención es una verdadera carta de derechos mí­nimos de las personas inmigrantes, que no existe actualmente en ningún otro tratado internacional. Dicha Convención es fácilmente asumible en el actual marco legal español y no encontramos motivos para que el Gobierno español no la ratifique o se adhiera.
Facilitarí­a reconocer unos derechos mí­nimos que cualquier legislación futura sobre extranjerí­a deberí­a recoger. Por otro lado, un documento generado por la misma ONU merece el respaldo del gobierno español, sea cual sea su signo polí­tico.

9.- Polí­tica de cooperación al desarrollo.

Si bien es deseable que cualquier persona pueda elegir el paí­s en el que vive, debemos reconocer que actualmente la mayor parte de los movimientos migratorios vienen provocados por la inmensa quiebra económica entre los paí­ses enriquecidos y los paí­ses sumidos en la pobreza.

Ninguna polí­tica de migraciones estará completa si no se facilita el desarrollo económico de los paí­ses de origen. Esto no significa vincular la cooperación internacional a acuerdos de repatriación con los paí­ses emisores, sino fomentar y liderar una estrategia internacional para la mejora de las condiciones de vida en los paí­ses más empobrecidos y en aquellos de los que vienen las personas inmigrantes, lo que no siempre coincide. Respetar el derecho a no tener que emigrar deberí­a ser un objetivo prioritario de la polí­tica internacional española.

Revisar la polí­tica de cooperación bilateral de gobierno a gobierno y reorientarla a la creación de condiciones materiales y sociales en los paí­ses de África y América Latina emisores de mano de obra, con el fin de que las sociedades civiles de allá y acá jueguen un papel más eficiente en el diseño, ejecución y control de las prácticas de desarrollo.
Estudiar conjuntamente a la sociedad civil, las polí­ticas de aplicación de las remesas y fondos de divisas fuertes para que se apliquen al desarrollo de las zonas más propensas a la expulsión de población, impidiendo cí­rculos de dependencia que puedan crearse.

Afianzar y estimular la cooperación descentralizada y la implicación de los poderes locales y ONG para el desarrollo, de forma que se orienten a impulsar la descentralización del poder polí­tico y la concreción en programas de desarrollo local.

Influir para que la Unión Europea revise sus polí­ticas de AOD y los Acuerdos de Asociación con una amplia visión del desarrollo de los paí­ses destinatarios, más allá del enfoque economicista de esas polí­ticas.

10.- Defensa del derecho de asilo:

La normativa de asilo que reconozca los nuevos tipos de persecución, como los refugiados medioambientales, y desarrollar la protección al fenómeno de la apatridia.

Las autoridades deben garantizar el acceso a la petición de asilo, tanto en España como en paí­ses de tránsito (solicitud ví­a diplomática, agilización de trámites, protocolos de actuación en interceptación de embarcaciones"¦).

Ante la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado en España y la tendencia a frenar los flujos migratorios en los paí­ses de tránsito, consideramos que como octava potencia mundial, España debe asumir un mayor compromiso con los refugiados, especialmente con los más vulnerables, asumiendo una cuota anual de reasentamiento.

Desde la Red Acoge, CEAR, la APDHA y USO somos muy conscientes de que estas diez medidas no abarcan la totalidad de las polí­ticas que se pueden desarrollar en el ámbito de las migraciones, y que responden a una sensibilidad muy concreta, la nuestra. Pero también estamos convencidos de que son perfectamente asumibles por el nuevo Gobierno y cualquier partido polí­tico que desee encarar el fenómeno migratorio con su doble perspectiva, la de contribución económica y social a la sociedad española del siglo XXI y la de respeto a los derechos de los nuevos miembros de esta sociedad, que si bien pueden haber nacido en otro lugar, son ya coprotagonistas de la España actual.