La organización ecologista demanda una reforma en profundidad de la normativa estatal sobre telecomunicaciones que disminuya la contaminación electromagnética. La legislación estatal, realizada atendiendo sólo los intereses de la grandes operadoras, no ha resuelto del impacto social y ambiental de las redes de telefoní­a móvil.

La movilización social y ecologista ha obligado a algunas Comunidades Autónomas a establecer normativas más preventivas y niveles de exposición al público más restrictivos. Sin embargo, queda pendiente una directiva europea que sirva como un instrumento real para hacer compatible el desarrollo de la telefoní­a móvil y las posibles afecciones ambientales y para la salud pública.

El desarrollo de la red de telecomunicaciones ha supuesto una proliferación en el medio rural y urbano de toda una serie de infraestructuras de antenas-estaciones base GSM, DCS y LMDS, dipolos repetidores, antenas de alta ganancia, picocélulas y microantenas, radioenlaces, etc., así­ como los nuevos sistemas Wi-Fi. La instalación de 55.000 nuevas antenas-estaciones base de telefoní­a móvil de la red UMTS va a suponer nuevos problemas en su ubicación y un aumento significativo de la contaminación electromagnética a la que estamos sometidos. A este crecimiento se está sumando un cúmulo de irregularidades urbaní­sticas que afectan a muchas instalaciones de telefoní­a móvil: carencia de la preceptiva licencia urbaní­stica, vulneración de la altura máxima que determinan las ordenanzas de edificación municipales, incumplimiento de la norma básica española de protección contra incendios (NBE-CPI 96).

Ecologistas en Acción considera que es necesario abordar una reforma en profundidad de la Ley General de Telecomunicaciones y de los derechos sobre el espacio radioeléctrico, normativas hechas al dictado de las operadora de telefoní­a móvil.