Mientras se celebra en Madrid la Junta de Accionistas de la compañí­a, organizaciones sociales de Argentina, Ecuador, Bolivia y el Estado español acusarán a Repsol en la segunda Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se está celebrando del 13 al 14 de mayo en Lima.

Además, en las puertas de la Junta de Accionistas, se concentrarán activistas del Encuentro Social Alternativo al Petróleo (ESAP). El ESAP está preparando acciones de protesta al Congreso Mundial del Petróleo que se celebrará en Madrid entre los dí­as 29 de junio y 3 de julio.

En el marco del encuentro internacional Enlazando Alternativas III, la Cumbre de los Pueblos, convocada por la Red Birregional Europa, América Latina y Caribe "Enlazando Alternativas", se está celebrando el Tribunal Permanente de los Pueblos en su segunda sesión sobre Empresas Transnacionales Europeas en América Latina y Polí­ticas Neoliberales. Dicho tribunal tendrá sentado en el banquillo de los acusados a la empresa Repsol YPF, que será acusada por diversas organizaciones sociales de Bolivia, Ecuador, Argentina y el Estado español de provocar, en los paí­ses de América Latina donde tiene actividades, violaciones a los Derechos Humanos, daños ambientales irreversibles e importantes impactos sociales, así­ como perjuicios económicos, vendiendo a estos mismos paí­ses los hidrocarburos a los precios del mercado internacional.

Los testigos de estos paí­ses denuncian cómo las operaciones de la compañí­a causan contaminación, pérdida de biodiversidad, deforestación y erosión de suelo en los ecosistemas donde se localizan. La gravedad es aún mayor en cuanto que sus áreas de operación se ubican en territorios protegidos y de un enorme valor ecológico, tales como la Reserva de la Biosfera Yasuní­ de Ecuador. Además de la pérdida del patrimonio natural, denuncian importantes afecciones sanitarias, sociales y culturales a las comunidades indí­genas que viven próximas, o dentro, de los campos petroleros de la compañí­a. Entre los principales impactos se exponen las alarmantes cantidades de metales pesados en la población de la comunidad indí­gena Paynemil, de Argentina, también se denuncian las fuertes afecciones al pueblo indí­gena Waorani y a los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, en Ecuador. Igualmente en Bolivia, la compañí­a opera en el Territorio Comunitario de Origen Itika Guasu, sin el consentimiento de la comunidad.

Las pruebas que presentarán las organizaciones, en la acusación a Repsol, también contemplan el contrato ilegal e inconstitucional que ha ejercido la compañí­a en Bolivia hasta el 1 de mayo de 2007 y, en este mismo paí­s, muestran cómo ha sido la autora de un delito de contrabando y fraude fiscal.

Mientras las organizaciones sociales e indí­genas reclaman en Lima justicia por los abusos de la multinacional petrolera en sus paí­ses, Repsol celebra simultáneamente, en Madrid, su Junta de Accionistas, donde intentarán tapar este currí­culo negro con las cifras del crecimiento de su negocio y de sus beneficios. También intentarán difundir una buena imagen a través de su Informe de Responsabilidad Corporativa, donde no se informa que el crecimiento de sus ingresos se hace a costa de los fuertes impactos ambientales, sociales y culturales.

Estas mismas acusaciones se repetirán entre el 27 de junio y el 3 de julio, cuando se celebrará el ESAP: un foro alternativo al Congreso Mundial del Petróleo, una gran manifestación y acciones de protesta. Las decenas de colectivos sociales que se engloban dentro de ESAP protestarán hoy en la puerta de la Junta de Accionistas de Repsol por los fortí­simos impactos de la multinacional.

Acompañando a Repsol YPF en el banquillo de los acusados en Lima hay más de 20 empresas europeas, destacando de entre ellas a siete españolas: Unión Fenosa, Telefónica, Aguas de Barcelona, FCC, Ence, BBVA y Santander.