El objetivo de este Informe es el de dar visibilidad al hecho que en el Estado español, a dí­a de hoy, se registran un número más que considerable de casos de descalificación, obstrucción y criminalización hacia la labor voluntaria y profesional de entidades de defensa de los derechos humanos.

Las organizaciones que han presentado el Informe señalaron que "la autoridad pública deberí­a fomentar que los ciudadanos, a tí­tulo particular o de forma colectiva, denuncien hechos de torturas y malos tratos". Y recuerdan "la importancia de la función que llevan a cabo los y las defensores/as de derechos humanos, realidad reconocida en una multiplicidad de textos jurí­dicos nacionales e internacionales".

Sin embargo, "nos encontramos con actuaciones que pretenden impedir que se investigue y se saquen a la luz situaciones de torturas y malos tratos en el Estado español y que constituyen, además, sólo la punta de un iceberg de una realidad más amplia". En este sentido, incidieron en que "son cada vez más numerosos los casos en los que, desde diversos estratos de los poderes públicos y en ocasiones sindicales, se desarrollan estrategias de obstrucción, descalificación y criminalización de aquellos organismos, ya sean sociales, ya profesionales, de derechos humanos dedicados a la tarea de denunciar y hacer visible la lacra de la tortura y otras formas de violencia institucional".
APDH-A, el Grupo 17 de Marzo y ENLACE manifestaron que resulta "inadmisible que en un Estado democrático y de derecho se obstaculice la labor de asociaciones de defensa de los derechos humanos". Y consideraron "que esa actitud negativa de las autoridades oficiales contribuye a que se den casos de impunidad en materia de tortura y malos tratos, una realidad que deberí­a erradicarse y cuya existencia ha sido señalada por organismos internacionales tales como el Comité Europeo para la prevención de la tortura del Consejo de Europa, el Relator de las Naciones Unidas para estas mismas cuestiones, o los Informes de Amnistí­a Internacional".

El Informe contiene una primera parte con referencias a los instrumentos de Naciones Unidas para promover la tarea de defensa de derechos humanos. Una segunda parte está conformada por 24 casos, presentados como ejemplos, de criminalización de personas y organizaciones que trabajan en la denuncia de malos tratos y torturas que se han producido en la última década en el Estado español, tales como insultos, amenazas y descalificaciones; obstaculización de la actividad de organismos sociales y profesionales (agresiones, prohibiciones, costas económicas); o querellas penales.

Entre los casos recogidos, se encuentra la criminalización de la sección de APDH-A de Córdoba, a cargo del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, como respuesta a la presentación pública en octubre de 2002 de un informe sobre tortura y malos tratos en la prisión cordobesa de Alcolea.

Otro de los casos citados en la rueda de prensa ha sido el de Emma Valiente (abogada de Sevilla y miembro del Grupo 17 de Marzo), que en la madrugada del 5 de febrero de 2007, fue agredida y detenida por agentes del Cuerpo Nacional de Policí­a cuando se interesaba por las personas que la acompañaban y a las que, como a ella misma, se les habí­a requerido la documentación.

También se ha aludido a la persecución sufrida por un concejal de Izquierda Unida (IU) de Granada en julio de 2005, a cargo del Sindicato Independiente de la Policí­a Local de Granada (SIPLG), cuando, tras hacerse públicos diversos actos de violencia de la Policí­a Municipal de Granada con tintes racistas, Morales manifestó públicamente su oposición a dichas prácticas. Dos años después, en junio de 2007, el juzgado de lo Penal número 1 de Granada condenó a Morales al pago de una multa de 1.445 euros por injurias a la Policí­a Local en una sentencia que fue confirmada por la Audiencia Provincial granadina. Actualmente la causa se encuentra recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Este informe ha sido elaborado por la Coordinadora para la Prevención de la tortura, que está formada por 44 organizaciones sociales, profesionales y universitarias del Estado español, que tienen como objetivo común la erradicación de la tortura. Las organizaciones que la conforman poseen una acreditada trayectoria de muchos años de dedicación a la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales. El objetivo principal que las unió fue el hecho de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español, de manera especial la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y su protocolo.