La Federación de Comunicación y Transporte de CC.OO. expresa su total rechazo al informe del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre los presuntos privilegios legales del operador estatal Correos y Telégrafos. Dicha información distorsiona radicalmente la realidad postal española y parece obedecer a intereses ajenos a la prestación de un servicio público que debe revertir en toda la ciudadaní­a y no sólo en una parte de la misma.

En opinión de CC.OO., dicho informe no se ajusta a la realidad del mercado postal español porque es uno de los más liberalizados del entorno europeo, con un 56% de su volumen de negocio y mas de un 52% de su facturación en libre competencia con más de 2 000 empresas dentro del territorio nacional. Además, el Correo español está remontando una situación de debilidad estructural y financiera, consecuencia de haber desarrollado su actividad en las últimas décadas con el monopolio más restringido, el mercado más liberalizado y las tarifas más bajas de Europa.

Asimismo, sorprende que el Tribunal de la Competencia, ignorando esta realidad, hable de privilegios legales de un correo público que extiende su actividad para garantizar el servicio universal, cuando el mismo Tribunal muestra una total pasividad ante las repetidas vulneraciones de la zona reservada al operador público por parte de operadores privados, que se mueven por intereses lucrativos precisamente en aquellos ámbitos con mayor rentabilidad, incumpliendo manifiestamente la legalidad vigente.

CC.OO. considera lamentable que el reciente consenso sobre la Directiva postal europea, alcanzado entre el Ministerio de Fomento y agentes sociales, entre los que se encuentra CC.OO. "“sindicato mayoritario en la S.E. Correos y Telégrafos "“ no se vea correspondido por quienes abordan el debate postal desde una perspectiva de negocio y de costes, ajeno al consenso democrático y a su trascendencia para el conjunto de la ciudadaní­a. El sindicato recuerda que cualquier discusión sobre la regulación de los servicios postales debe responder al marco polí­tico y democrático referido, y no a un interés de parte que perjudicarí­a al interés general.

CC.OO. entiende que visiones parciales sobre la liberalización postal no aportan sino distorsión al objetivo de regular establemente el mercado buscando un equilibrio entre competencia, empleo y servicio público, al tiempo que demanda una mayor precaución y responsabilidad a cualquiera de los actores concernidos en el debate postal.