La Ley de Aguas sólo permite la venta de agua entre particulares cuando ésta se destina a un uso de preferencia igual o superior, según lo establecido en el artí­culo 60 de dicha Ley. En este artí­culo, se establece como uso prioritario el abastecimiento a poblaciones, seguido del regadí­o, la industria, acuicultura y otros. La producción de agua mineral embotellada se considera un uso industrial, por detrás en prioridad del uso agrí­cola, a lo que actualmente se dedica el agua de esos acuí­feros. De hecho, el agua mineral se encuentra regulada por la Ley de Minas, considerándose casi como un recurso minero, resultando evidente su carácter industrial.

Por ello, Ecologistas en Acción solicita al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no autoricen ese cambio de uso, más aún cuando los acuí­feros de Villena cuentan con la "declaración provisional de sobreexplotación".

Esta actuación de los regantes de Villena demuestra lo innecesario del trasvase Júcar-Vinalopó, justificado en una carencia de agua en esta última comarca, donde se ubica la población de Villena. Asimismo, Ecologistas en Acción considera que lo ocurrido en Villena es una prueba más de lo innecesario e injusto que resultarí­a la construcción del trasvase del Ebro, basado en una supuesta carencia de recursos en la costa mediterránea, cuando unos regantes, que reclaman constantemente agua para que no se pierdan sus cosechas, no tiene inconveniente en vender ese agua al mejor postor, si se la pagan por encima de lo que les cuenta a ellos obtenerla. En este sentido, resulta evidente que detrás de las demandas del trasvase del Ebro, están el abastecimiento a nuevos desarrollos inmobiliarios y campos de golf, actividades económicas mucho más rentables que la agricultura.

Por último, Ecologistas en Acción reclama al Gobierno central que modifique la Ley de Aguas, de cara a prohibir por completo la venta de la misma entre particulares, lo cual evitarí­a que sucesos como el de Villena no pudieran ni siquiera plantearse. Además, la venta de agua entre particulares va contra el carácter público del agua, pues los usuarios del agua, en el caso de Villena los regantes, disponen de ella en régimen de concesión, no son en ningún caso sus propietarios.