La intención de la Directiva europea era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo la contaminación en origen a través de las Mejores Técnicas Disponibles y los valores lí­mites de emisión. Con esta ley, las autoridades comunitarias pretendí­an también unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno: la Autorización Ambiental Integrada.

Sin embargo, y a pesar de los doce años transcurridos desde que se promulgara la IPPC, un número importante de las empresas españolas sometidas a esta legislación no ha obtenido aún su permiso y a partir del 1 de mayo deberí­a cesar completamente su actividad, arriesgándose en caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros.

De esta situación son responsables tanto la administración central, que tardó seis años en transponer la Directiva a la legislación española, como las Comunidades Autónomas, por la escasez de medios que aportaron para estudiar tal cantidad de expedientes, y las empresas afectadas, que presentaron sus solicitudes en el último momento.

La información sobre el estado de tramitación de las AAI, a pesar de que deberí­a ser pública, es un secreto celosamente guardado por las Comunidades Autónomas. Desde un principio, los inventarios publicados por las autoridades españolas estaban incompletos de forma que incluso hoy es muy difí­cil saber el número exacto de empresas sujetas a la norma, y por supuesto, el número de las que han obtenido su autorización. De los datos que ha sido posible recabar, Ecologistas en acción deduce que a 30 de abril de 2008 aproximadamente la mitad de las instalaciones españolas sujetas a la IPPC todaví­a carecí­a de autorización.

Es de destacar además que la calidad de las autorizaciones suele dejar mucho que desear y brilla por su falta de rigor, llegando a darse casos de autorizar una contaminación muy superior a la existente. Más allá de la incapacidad administrativa y la desidia empresarial generalizada, siempre con honrosas excepciones, hay que lamentar que las autorizaciones otorgadas no consideran en general las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente, limitándose a trasladar los lí­mites de emisión de la normativa vigente, dándose la situación absurda de que muchas autorizaciones permiten a sus titulares contaminar mucho más de lo que vení­an haciendo.

En contraste, los Estados de la Unión Europea tienen la práctica totalidad de sus empresas autorizadas. Es probable que el esfuerzo realizado por la industria europea pase factura a nuestro paí­s a través de sanciones económicas o pérdida de competitividad, sin olvidar que España ha desaprovechado la oportunidad de modernizar su industria y de reducir su impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.