El Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid, que atiende a los empleados públicos -más de 100.000 trabajadores- sólo dispone de dos técnicos. El resultado es que los riesgos laborales tan importantes a los que están expuestos estos profesionales: biológicos (contagio de enfermedades), quí­micos (exposición a productos cancerí­genos), fí­sicos (radiaciones), ergonómicos (manipulación de cargas) y especialmente psicosociales (derivados de una deficiente organización del trabajo que les produce estrés, sí­ndrome del quemado, acoso, depresión"¦), están sin identificar y por tanto sin prevenir ni evaluar ni controlar.

La vigilancia de la salud de estos trabajadores ha sido externalizada a empresas privadas, poniendo en cuestión la confidencialidad de los datos, y que se realicen como dice la ley, según los riesgos a los que están sometidos. Además, durante dos años no se les ha realizado ningún tipo de reconocimiento para ver la repercusión de los daños.

La desidia de la Administración en la prevención de los riesgos a los que expone a sus trabajadores es un mal modelo para el resto de los empleadores porque si no cumple ella, cómo va a hacer cumplir a los demás.