La ejecución de Napoleon Beazley en Texas, por un delito que cometió cuando tení­a 17 años de edad, demuestra con toda crudeza el carácter cruel y arbitrario de la pena de muerte, y cuán redomadamente hipócrita es Estados Unidos cuando afirma ser la fuerza más progresiva del mundo en derechos humanos, ha dicho hoy Amnistí­a Internacional.

"El derecho internacional que se respeta por todo el mundo prohí­be inequí­vocamente que se aplique la pena de muerte a los delincuentes menores de edad, es decir a personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito", dice Amnistí­a Internacional. "Lo que hace que la ejecución de Napoleon Beazley sea aún más espantosa es que se llevara a cabo el mismo mes en que Estados Unidos se describió a sí­ mismo en las Naciones Unidas como lí­der mundial en la protección de la infancia, añade la organización.

El abogado de Napoleon Beazley habí­a pedido -tanto a los tribunales como al gobernador de Texas- que se suspendiera la ejecución hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos pronunciara su fallo, que parece inminente, sobre si "las normas de decencia" en Estados Unidos han evolucionado hasta el punto de que la ejecución de personas con retraso mental puede ahora ser anticonstitucional. Si la Corte se pronuncia en el sentido de que sí­ ha surgido tal consenso nacional, su fallo podrí­a socavar el de 1989 cuando permitió la ejecución de delincuentes menores de edad y ello podrí­a llevar a la conclusión de que también existe un consenso nacional contra la ejecución de delincuentes menores de edad.

Texas no estaba dispuesta a esperar. Cuando se negó a intervenir, el gobernador Rick Perry declaró: "Retrasar su castigo serí­a retrasar la justicia". "Con esto -dice Amnistí­a Internacional-se aseguró que empeoraba la ilegalidad internacional de la ejecución con el gesto adicional de la arbitrariedad más absoluta."

Ayer, poco antes de que mataran a Napoleon Beazley, la Corte Suprema de Misuri suspendió la ejecución de Christopher Simmons, que estaba prevista para la semana próxima. Simmons, al igual que Beazley, habí­a sido condenado a muerte por un crimen que cometió cuando tení­a 17 años. La Corte de Misuri suspendió la ejecución hasta que se conociera la decisión de la Corte Suprema del paí­s sobre la cuestión del retraso mental, la misma posición que defendió el abogado de Napoleon Beazley.

"Esto demuestra la escandalosa arbitrariedad de la pena de muerte", dice Amnistí­a Internacional. "Misuri perdona una vida, Texas elimina otra. ¿Cómo podrá explicarse jamás una injusticia tan brutal a los familiares de Napoleon Beazley?"

Seis Premios Nóbel de la Paz se encontraban entre las decenas de millares de personas y organizaciones que pidieron el indulto para Napoleon Beazley. Uno de ellos, el arzobispo Desmond Tutu, escribió lo siguiente a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas: "Me parece increí­ble que Texas y unos cuantos estados más de Estados Unidos separen a los niños de sus familias y los ejecuten [...] Salven al niño. Salven a la familia. Salven a la comunidad. Sálvennos a todos de la degradación de matar a otro niño delincuente, cuando ofreciéndole un futuro a él y a su familia nos ofrecen a todos esperanza."

"Anoche, Texas eligió de nuevo dar muerte a la esperanza", dice Amnistí­a Internacional, y señaló la declaración de uno de los siete miembros de la Junta que habí­a votado a favor del indulto. Al enterarse de la ejecución, Paddy Burwell, miembro de la Junta, dijo: "Mucho me temo que éste es un dí­a del que nos arrepentiremos por mucho tiempo. Siento que ha ocurrido algo realmente malo".

Antecedentes del caso

Napoleon Beazley, afroamericano condenado, por un jurado compuesto exclusivamente de personas de raza blanca, por la muerte de un hombre de raza blanca, pasa a ser el décimo delincuente menor de edad que se ejecuta en Estados Unidos desde 1995. De los 10, seis fueron ejecutados por Texas. Según las informaciones, en el mismo periodo siete delincuentes menores de edad fueron ejecutados en el resto del mundo: tres en Irán, dos en Pakistán, uno en la República Democrática del Congo, y uno en Nigeria. El año pasado, el presidente Musharraf de Pakistán anunció que conmutarí­a todas las penas de muerte dictadas contra delincuentes menores de edad en Pakistán.