En 2008, se celebra el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se cumplen 30 años del nacimiento de la Sección española de Amnistí­a Internacional. Esta doble celebración está marcada por las grandes preocupaciones de la organización, que reflejan los retos que enfrentan los activistas, entre otros: la legitimación de la tortura y los abusos en el contexto de la guerra contra el terror, la violencia contra las mujeres, y la situación de derechos humanos en China.

El activismo, la respuesta de la sociedad ante los abusos
Para hacer frente a esta situación, AI ha puesto en marcha un Plan de trabajo en 2008 "30 años de Sección, 60 de derechos humanos" en el que destaca el equilibrio entre las prioridades en defensa de los derechos humanos a nivel internacional y en España, la intención de crecer en activistas jóvenes y en grupos universitarios, y de ampliar una base social que aporte más presión y fuerza a las denuncias de la organización. Amnistí­a Internacional cuenta este año con más activistas y miembros comprometidos con los derechos humanos. En el plano internacional, la organización está formada por casi 2"™2 millones de personas, de las que cerca de 50.000 pertenecen a la Sección española y más de 1.400 participan en los casi 100 Grupos de activistas voluntarios de la organización.

Además, más de 75.000 personas forman parte de la Red de Acciones Urgentes en España. Cuando Amnistí­a Internacional tiene noticia de que una o más personas se encuentran en situación de riesgo, estas personas aúnan su capacidad de presión enviando cartas, faxes y mensajes de correo electrónico lo más rápidamente posible a los responsables.

Internet continúa siendo también una gran herramienta de movilización. En el último año la Sección española ha recogido más de un millón de firmas a través de www.actuaconamnistia.org . Destacan las movilizaciones para evitar ejecuciones inminentes en Irán, insistir en el cierre de Guantánamo, pedir el desmantelamiento del muro de Israel, terminar con la represión en Myanmar y Tibet o presionar a las autoridades chinas para mejorar los derechos humanos con motivo de los Juegos Olí­mpicos de Pekí­n.

Prioridades en el mundo
Un año más, la "guerra contra el terror" constituye una grave amenaza para los derechos humanos en todo el mundo, tal y como denuncia la campaña "Contra el terror, justicia", en la que la organización insiste en pedir el cierre de Guantánamo, el fin del programa de entregas extraordinarias y un rechazo frontal a cualquier iniciativa de legalizar la tortura.

La pena de muerte continúa siendo un problema real en paí­ses como China, Arabia Saudí­, Irán, Estados Unidos, Irak, Sudán y Pakistán. Según los últimos datos, en 2007 se produjeron al menos 1.252 ejecuciones en 24 paí­ses, entre los que el mayor número correspondió a China.

Precisamente, una de las prioridades de la organización es conseguir que los Juegos Olí­mpicos, que se celebrarán en Pekí­n en agosto próximo, dejen un legado positivo en materia de derechos humanos en China. Algo que de momento sigue pendiente, e incluso ha empeorado, en asuntos clave como: pena de muerte, libertad de expresión, detenciones sin juicio o represión de activistas.

Prioridades en España
El racismo y la xenofobia son invisibles en España, en buena medida, debido a la desgana de los sucesivos gobiernos para hacerles frente. La ausencia de investigaciones oficiales sobre incidentes racistas, así­ como el desinterés de la administración de Justicia a la hora de aplicar instrumentos legales que lo combatan justifican esta afirmación. La situación es más grave en un paí­s como España, donde existe una comunidad gitana tradicionalmente marginada y donde se ha producido un elevado crecimiento de población inmigrante en la última década. La organización ha mostrado datos que sitúan a España a la cola de Europa en el combate del racismo, y ha pedido a las autoridades un plan estatal con medidas especí­ficas que hagan frente a estos problemas.

Amnistí­a Internacional reconoce el derecho de las autoridades a controlar la inmigración, pero no a costa de recortar derechos humanos. En España, los solicitantes de asilo ven recortados sus derechos cuando no se les identifica y se les impide acceder a territorio español. La organización exige el cumplimiento de la normativa internacional en aspectos como este u otros como la protección de menores en los procesos de repatriación. Asimismo, las autoridades deben garantizar unas condiciones dignas de acogida, incluyendo asistencia jurí­dica, de intérprete y provisión de información, a todas las personas que lleguen a España, independientemente de su situación administrativa.

La violencia contra las mujeres sigue siendo otra de las grandes preocupaciones en España. Tanto la que sufren las mujeres españolas como las mujeres inmigrantes, que encuentran una gran cantidad de obstáculos en la búsqueda de protección. Amnistí­a Internacional seguirá trabajando para que el Estado ofrezca garantí­as a todas las mujeres e impulsará medidas para este fin.

En España, Amnistí­a Internacional ha condenado de forma tajante la campaña de amenazas contra representantes de los partidos polí­ticos y de los medios de comunicación planificada por ETA, así­ como el asesinato de Isaí­as Carrasco. El largo historial de abusos contra los derechos humanos acumulado por ETA indica que esta amenaza pública contra la población civil es muy preocupante.

Todas estas prioridades deben tener cabida en un Plan Nacional de Derechos Humanos que Amnistí­a Internacional ha solicitado al Gobierno en repetidas ocasiones, y que hasta la fecha no ha visto la luz.

Logros en el mundo
La lucha contra la pena de muerte obtuvo éxitos significativos, como la aprobación en Naciones Unidas de una resolución a favor de una moratoria sobre esta práctica. También, paí­ses como Uzbekistán y Ruanda han aprobado legislaciones destinadas a abolir la pena de muerte. Asimismo, Nueva Jersey eliminó la pena capital convirtiéndose así­ en el primer estado norteamericano en abolirla desde su reinstauración en 1976. Aunque hechos como que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya rechazado en 2008 que el uso de la inyección letal sea una práctica inhumana, es una mala noticia para la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos.

En el último año, el trabajo de Amnistí­a Internacional ha logrado la liberación de presos de conciencia en Cuba, Estados Unidos, Israel, Togo, Libia, Túnez, México; y de personas retenidas en Guantánamo, originarias de Yemen, Mauritania Bharein y Reino Unido.

En materia de discriminación de género y derechos de las minorí­as sexuales, Nicaragua despenalizó la sodomí­a en su nuevo código penal. Y el Parlamento Europeo aprobó una declaración sobre los asesinatos de mujeres en México y Centroamérica.

Logros en España
El trabajo de Amnistí­a Internacional en España ha dado frutos como la aprobación en diciembre de una ley que regulará el comercio de armas, cuya tramitación se produjo tras diez años de campaña conjunta con organizaciones como Intermon Oxfam y Greenpeace.

En cuanto a los derechos de los inmigrantes, la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres incluyó una modificación en la ley de asilo, mediante la cual se establece el derecho a obtener protección de las mujeres huidas de sus paí­ses a causa de la violencia de género. Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de cinco artí­culos de la vigente Ley de Extranjerí­a denunciados por Amnistí­a Internacional por violar normas de derechos humanos.

El Parlamento aprobó también una ley de sobre ví­ctimas de la Guerra Civil y del franquismo, en la que se incluyeron varias de las recomendaciones de la organización referentes a la eliminación de algunos mecanismos de impunidad establecidos en el proyecto inicial. Un texto que comenzó siendo un freno al avance en derechos humanos se convirtió al final en un tí­mido paso adelante.

Amnistí­a Internacional, mediante sus informes y denuncias, ha contribuido a la puesta en marcha de sistemas de vigilancia mediante cámaras en algunas comisarí­as españolas, para evitar las torturas y malos tratos de los detenidos y para proteger a los agentes de las denuncias falsas.

Las armas Taser o de electroshock también se utilizan en España, pero la denuncia de Amnistí­a Internacional sobre sus efectos ha provocado la renuncia a su uso por parte de las policí­as locales de la Generalitat de Catalunya y de ciudades como Vigo y Blanes (Girona).