En el informe, Condenas a muerte y ejecuciones en 2007, se afirma que al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 paí­ses y al menos 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 paí­ses. Se calcula que hay hasta 27.500 personas condenadas a muerte en el mundo. Las cifras muestran también un aumento de las ejecuciones en varios paí­ses. Irán ejecutó al menos a 317 personas; Arabia Saudí­, a 143, y Pakistán, a 135 "“frente a las 177, 39 y 82, respectivamente, de 2006"“. El 80% de todas las ejecuciones de que se tuvo noticia se llevaron a cabo en cinco paí­ses: China, Irán, Arabia Saudí­, Pakistán y Estados Unidos. Arabia Saudí­ fue el paí­s con mayor número de ejecuciones per cápita, seguida de Irán y Libia. Amnistí­a Internacional puede confirmar al menos 470 ejecuciones llevadas a cabo en China "“la cifra global más alta"“, pero no cabe duda de que el verdadero número fue mucho mayor.

China, el principal verdugo del mundo y sede de los próximos Juegos Olí­mpicos, considera la pena de muerte secreto de Estado. Por tanto, sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se mató con la autorización del Estado.

"Es preciso poner fin al uso secreto de la pena de muerte: hay que levantar el velo de secretismo que rodea la pena de muerte "“ha señalado Marí­a del Pozo, responsable de campañas e investigación de Amnistí­a Internacional España"“. Muchos gobiernos afirman que las ejecuciones se llevan a cabo con el apoyo de la ciudadaní­a. Si es así­, ésta tiene derecho a saber lo que se hace en su nombre."

Durante 2007, muchos paí­ses continuaron ejecutando a personas por cargos que normalmente no se consideran delitos o tras juicios injustos. Algunos ejemplos de ello fueron:

– En julio, Ja\’Far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado en Irán por adulterio.

– En octubre, un hombre de 75 años, gerente de una fábrica norcoreana, fue ejecutado por fusilamiento por no haber declarado su origen familiar, invertir dinero propio en la fábrica, nombrar gerentes a sus hijos y hacer llamadas telefónicas internacionales.

– En noviembre, Mustafa Ibrahim, ciudadano egipcio, fue decapitado en Arabia Saudí­ por brujerí­a.

– En Texas, Estados Unidos, Michael Richard fue ejecutado el 25 de septiembre tras negarse un juzgado estatal a seguir abierto 15 minutos más para que pudiera presentarse un recurso de apelación basado en la constitucionalidad de las ejecuciones por inyección letal. Los abogados defensores no habí­an podido interponer el recurso a tiempo por problemas informáticos "“que habí­an comunicado ya al tribunal"“. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó luego a detener la ejecución. Sin embargo, ese mismo dí­a habí­a accedido en una causa abierta en Kentucky revisar la cuestión de la inyección letal, decisión que supuso la suspensión de facto de todas las demás ejecuciones por inyección letal en el paí­s. Se espera que la Corte Suprema dicte su fallo este año.

Además, tres paí­ses -Irán, Arabia Saudí­ y Yemen- llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, lo que constituye una violación del derecho internacional.

Pero 2007 fue también en año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió "“por 104 votos a favor, 54 en contra y 29 abstenciones"“ poner fin al uso de la pena de muerte.

"La Asamblea General de la ONU tomó en diciembre de 2007 la histórica decisión de pedir a todos los paí­ses del mundo que dejaran de llevar a cabo ejecuciones. El hecho de que la resolución se aprobará por tan clara mayorí­a revela que la abolición mundial de la pena de muerte es posible", ha manifestado Marí­a del Pozo. "Quitar la vida a una persona con la autorización del Estado es uno de los actos más graves en que un gobierno puede incurrir. Instamos a todos los gobiernos a cumplir los compromisos contraí­dos en la ONU y abolir la pena de muerte de una vez por todas."

Españoles condenados a muerte Pablo Ibar. De doble nacionalidad, norteamericana y española, Pablo fue condenado a muerte en el año 2000 en Estados Unidos y desde entonces está en el corredor de la muerte de la penitenciarí­a de Starke (Florida). El 9 de marzo de 2006 el Tribunal Supremo de Florida confirmó su condena a pesar de no haber pruebas consistentes que le inculpasen y de que el Tribunal Supremo reconociese que hubo irregularidades en el juicio.

Ahora, la vida de Pablo Ibar depende del recurso que su nuevo abogado ha preparado para intentar que el juicio en el que fue condenado sea declarado nulo y vuelva a ser juzgado. Para conformar el recurso, estudiaron si se violaron derechos constitucionales, tales como el derecho a una defensa efectiva, si se omitieron pruebas y testigos claves, y la validez de las pruebas presentadas en su contra, basadas en identificaciones dudosas.

Nabil Manakli Kasaybati. De nacionalidad española y origen sirio, Manakli está condenado a muerte en Yemen. En 1997 fue detenido, acusado de planear actos de sabotaje y asesinatos, por un atentado con bomba ocurrido en Adén en julio de ese año. Fue inculpado junto con 27 personas más, algunas de las cuales, incluido él, fueron torturadas, según informes, para obligarlas a confesar y el tribunal admitió estas confesiones como prueba. En marzo de 2003 el Tribunal Supremo confirmó la pena capital impuesta a Nabil Manakli y el 11 de septiembre de ese mismo año el presidente yemení­, Ali Abdullah Saleh, ratificó su condena de muerte.

El 19 de abril de 2006 el presidente yemení­ aceptó estudiar la petición española de que se conmute la condena a muerte de Nabil Manakli, tras la visita del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a Yemen. Y posteriormente, ambos paí­ses acordaron extraditar a Manakli a España, por lo que su caso está pendiente de que se haga efectivo el convenio alcanzado.

Y en España... Desde 1995 la pena de muerte está abolida en España. Sin embargo, el Artí­culo 15 de la Constitución sigue haciendo mención a la misma: "(...) Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra".

La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, abolí­a la pena de muerte en tiempo de guerra. Sin embargo, a pesar de la abolición de facto, y teniendo en cuenta que en más de 40 paí­ses sus constituciones prohí­ben expresamente la pena de muerte, Amnistí­a Internacional considera que la Constitución española deberí­a eliminar la mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente la aplicación de la misma, como ya hizo Francia en febrero de 2007.

Además, España aún no ha ratificado el Protocolo número 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, adoptado por el Consejo de Europa en 2002, y que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluidos los actos cometidos en tiempos de guerra o peligro inminente de guerra.

Acciones que salvan vidas: ¡Actúa! Miles de personas de todo el mundo unen sus fuerzas cuando Amnistí­a Internacional tiene noticia de riesgo de ejecución de alguna persona condenada a muerte en cualquier paí­s del mundo. Se activa así­ la Red de Acciones Urgentes de Pena de Muerte, que presiona pidiendo la anulación de esta pena enviando cartas, faxes y mensajes de correo electrónico.

Participar en esta Red es una de las acciones más efectivas que se pueden realizar para evitar la ejecución de personas condenadas a la pena de muerte. Desde Amnistí­a Internacional, animamos a toda la sociedad española a sumarse a esta red a través de la web www.actuaconamnistia.org .