España está entre los únicos 10 Estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que entró en vigor el 1 de febrero de 2008. Según Naciones Unidas, España es uno de los diez paí­ses europeos con una mayor incidencia de casos de explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. La mayorí­a de sus ví­ctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania.

Para Esteban Beltrán, director de Amnistí­a Internacional: "Esta desgana aleja a España de sus obligaciones internacionales y se refleja en la no ratificación de al menos diez tratados internacionales contra la discriminación de inmigrantes y personas gitanas; la inadecuada trasposición de directivas comunitarias obligatorias sobre racismo; la existencia de leyes, como la de Extranjerí­a, con artí­culos declarados inconstitucionales al considerarse discriminatorios por el Alto Tribunal; la creación tardí­a con competencias insuficientes de organismos especializados de lucha contra el racismo y la discriminación y la falta de voluntad polí­tica motivada por la ausencia de un Plan integral de lucha contra el racismo".

El racismo existe, aunque no haya datos oficiales
España está a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la xenofobia. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), España es uno de los cinco estados miembros que no publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos racistas. "La invisibilidad debe subsanarse como primera medida para abordar esta situación", sugiere Beltrán.

Persisten los incidentes racistas a manos de particulares y los casos de malos tratos o torturas con componente racista por parte de las distintas fuerzas de seguridad. En lo que se refiere a agresiones protagonizadas por grupos racistas dirigidas contra personas inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas, según el informe RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) Especial 2006, la cifra superarí­a las 4.000 agresiones anuales.

Los datos sobre la percepción que tiene la población española sobre la comunidad gitana y sobre el fenómeno de la inmigración dibujan un escenario de prejuicios y rechazo. Cuatro de cada diez entrevistados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2005 reconocí­an que les molestarí­a mucho o bastante tener como vecinos a una familia gitana. En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) de 2006, seis de cada diez asociaban de algún modo la delincuencia con la inmigración.

Amnistí­a Internacional denuncia la invisibilidad de este problema en España ya que no existen datos oficiales que permitan conocer la magnitud del problema. Es alarmante la falta de registro y análisis de datos sobre el racismo y la xenofobia y sobre incidentes racistas o delitos racistas. La ausencia de órganos independientes de investigación muestran la falta de voluntad polí­tica para conocer su dimensión.

El primer informe sobre racismo y xenofobia de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2007, revelaba que no habí­a encontrado ningún dato que permitiese afirmar que, durante el año 2006, se hubiese impuesto una sola sanción o compensación por casos de discriminación étnica en catorce paí­ses de la Unión, incluida España.

La comunidad gitana está olvidada
La Fundación Secretariado Gitano cifra en 700.000 el número de personas gitanas de nacionalidad española residentes en el paí­s. La discriminación racial que padece esta comunidad es el legado de siglos de persecución que, a pesar de la teórica igualdad alcanzada en el plano legislativo, pervive en situaciones como el desempleo, el analfabetismo o el acceso a los servicios públicos de salud, vivienda y educación, entre otros.

España no ha puesto en marcha las medidas especí­ficas que los gobiernos pueden usar para elaborar una estrategia de amplio alcance que mejore la situación de la comunidad gitana propuestas tanto por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa.

La administración de justicia también muestra desgana
A pesar de las disposiciones penales contra el racismo y la discriminación racial que están en vigor, el desinterés también se aprecia en las actuaciones de las autoridades judiciales y la Fiscalí­a General del Estado.

Apenas hay denuncias en los tribunales sobre ataques o discriminación con un componente racista debido a la dificultad probatoria de estos delitos, el temor a ser objeto ser objeto de represalias, a que se inicie un expediente de expulsión, y a la desinformación generalizada sobre los derechos y mecanismos disponibles, así­ como a la desconfianza en el sistema. Es más, cuando se dan denuncias alegando este componente racista, en raras ocasiones es tenido en cuenta por los tribunales. Atajar esta situación también debe ser una tarea prioritaria de las autoridades.

El proyecto Acción contra la Discriminación, que analiza 612 casos de discriminación en territorio español, detectó que en el 80% de los casos documentados no se presentó ninguna denuncia y en los que sí­ hubo, en ninguno se expidió sentencia favorable a la ví­ctima. Además, una investigación de la Universidad de Valencia analizó el número de casos en los que, entre el año 1996 a 2005, se habí­a aplicado la agravante por motivos racistas por parte de Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo. El resultado indicó que únicamente en 14 casos se alegó discriminación racial y sólo en seis casos sé aplicó finalmente.

Propuesta: Plan integral para combatir todas las formas de racismo
En 2007, sólo habí­a cinco paí­ses en la UE que no habí­an puesto en marcha un organismo nacional de lucha contra la discriminación racial: Alemania, Luxemburgo, República Checa, Malta y España. Otra muestra más del escaso interés de las autoridades por abordar esta situación, a pesar de ser una recomendación de la Conferencia Mundial contra el Racismo (Sudáfrica , 2001) asumida por España.

El Partido Socialista Obrero Español, en su Programa Electoral, asumió el compromiso de desarrollar un Plan estatal para combatir el racismo. Amnistí­a Internacional propone al Gobierno la puesta en marcha de dicho plan, que deberí­a incluir:

– Medidas de carácter polí­tico, social, educativo o de sensibilización para luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia en el lugar de trabajo, en su acceso a la sanidad, educación, prestaciones sociales, a la vivienda o a locales de entretenimiento.

– Las recomendaciones europeas para combatir la discriminación de la población gitana.

– Medidas especí­ficas para luchar contra la discriminación múltiple que sufren las mujeres (gitanas, inmigrantes) y los menores extranjeros no acompañados.

– Medidas para prevenir la tortura y los malos tratos, así­ como manifestaciones ligadas al racismo, en las fuerzas de seguridad y la administración de justicia.

Algunas medidas positivas, pero insuficientes
Entre las medidas adoptadas por los Gobiernos españoles en los últimos años para abordar la lucha contra el racismo destaca la creación en 2003 del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Sin embargo, este organismo, aunque ha hecho públicos los resultados de algunas encuestas de opinión, no ha publicado datos que permitan percibir la evolución de las tendencias racistas o xenófobas mediante la recopilación y análisis de datos referidos a casos reales.

También en 2003 se creó el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico (Consejo de Igualdad de Trato). No obstante, su composición, competencias y régimen de funcionamiento no se reguló hasta noviembre de 2007 y aún no se ha constituido.

Por otro lado, en febrero de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico de Ciudadaní­a e Integración 2007-2010, uno de cuyos objetivos es "luchar contra las diversas manifestaciones de la discriminación, el racismo y la xenofobia en todos los campos de la vida social, tanto en el ámbito público como en el privado". Este Plan reconoce que, a pesar de la existencia de conductas discriminatorias, no se han diseñado programas de apoyo a las ví­ctimas de discriminación y asume también que la carencia de un sistema de recogida y análisis de datos no alcanza sólo a los relativos a actos violentos, sino que no se hace un seguimiento de las denuncias por discriminación y de las sentencias que se producen en este campo.