Nos parece curioso que el señor rojas y su equipo tengan dudas sobre este aspecto basándose en que no tenemos copia de la resolución de dicha sanción, dicha información la hemos requerido por escrito y esperamos que la delegación conteste en tiempo y forma, algo que el ayuntamiento no ha cumplido, al no contestar a las solicitudes de información realizadas por la plataforma sobre las obras del complejo LPC.

No existe contradicción alguna en la imposición de la sanción y la declaración de impacto ambiental emitida por la delegación de medio ambiente, ya que es el ayuntamiento de Los Barrios quien permite iniciar unas obras 8 meses antes de la Declaración de Impacto ambiental, por lo que no pudo tener en cuenta lo recogido en esta declaración, publicada en el boletí­n oficial de la provincia, el 8 de mayo de 2007, y que en su punto 9 dice: deberá redelimitarse el suelo urbanizable sectorizado 17, parque tecnológico, al objeto de evitar la implantación de suelo urbanizable sobre habitats de interés comunitario bosque de olea y ceratonia, donde el propio estudio de impacto ambiental determina impactos severos. Difí­cilmente los promotores y constructores implicados en las obras de LPC, pudieron cumplir con este precepto, ya que en septiembre de 2006, ya estaban arrasando el hábitat de oleas y ceratonias, que tiene una superficie aproximada de 25 hectáreas y no 2,5, y estas protegidas por la directiva europea 9320. Es en marzo de 2007, cuando se comienza a denunciar por parte de los grupos ecologistas y la plataforma la ilegalidad de estas obras, en total se han presentado al menos 35 denuncias judiciales. El ayuntamiento vuelve a mentir cuando dice que las obras consisten en limpieza y trabajos superficiales, ya que a través de sus notas de prensa y de la revista municipal han mostrado la magnitud de las obras.

De la misma manera, el ayuntamiento ha permitido el inicio de unas obras en la parcela 4 junto a la central térmica, en unos terrenos que son zona verde y no suelo industrial, por lo que de nuevo ha mentido a los ciudadanos y a los técnicos de medio ambiente que visitaron dichos terrenos a raí­z de la denuncia de los grupos ecologistas.