"La represión de activistas ha aumentado, no disminuido, a causa de los Juegos", ha dicho Irene Khan, secretaria general de Amnistí­a Internacional.

En Pekí­n y sus alrededores, las autoridades chinas han silenciado y encarcelado a activistas de derechos humanos pací­ficos en la "limpieza" previa a los Juegos Olí­mpicos. En Tí­bet y zonas circundantes, la represión policial y militar de los manifestantes ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos en los últimos dí­as.

"Estas actuaciones hacen dudar de que las autoridades chinas se tomen realmente en serio su compromiso de mejorar los derechos humanos antes de las Olimpiadas", ha dicho Irene Khan.

"Hasta ahora, los Juegos Olí­mpicos no han actuado como catalizador de reformas. Si no se toman medidas urgentes para corregir la situación, cada vez parece más difí­cil de lograr que las Olimpiadas de Pekí­n dejen un legado positivo de derechos humanos", ha añadido Khan.

"A falta de sólo cuatro meses, el COI y los dirigentes mundiales deberí­an expresar su postura enérgicamente: el hecho de que no expresen preocupación ni exijan cambios en público puede interpretarse como un apoyo tácito a las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades chinas en la preparación de los Juegos."

Amnistí­a Internacional pide a las autoridades chinas que:

– permitan acceder de inmediato a Tí­bet y zonas circundantes a investigadores de las Naciones Unidas y otros observadores independientes;
– pongan fin a la detención arbitraria, la intimidación y el hostigamiento de los activistas;
– terminen con la detención administrativa punitiva;
– permitan que todos los periodistas informen plena y libremente en toda China;
– pongan en libertad a todos los presos de conciencia;
– reduzcan el número de delitos castigados con la pena capital como paso hacia la abolición de este castigo.

Puntos destacados del informe:
Las autoridades han hecho un uso excesivo y en ocasiones letal de la fuerza para dispersar a los manifestantes en Tí­bet y zonas circundantes. Amnistí­a Internacional reconoce la obligación de las autoridades de proteger a personas y propiedades frente a los actos de violencia, incluidos los ataques contra los chinos han, cuyos motivos son aparentemente étnicos, pero su actuación debe seguir los principios de necesidad y proporcionalidad señalados en las normas internacionales de derechos humanos.

A la luz del panorama, largo tiempo documentado, de tortura y otros malos tratos en Tí­bet, Amnistí­a Internacional teme que sea probable que las personas tibetanas detenidas sufran palizas u otros abusos. Algunas corren peligro de ser condenadas a muerte tras juicios injustos. La organización pide a las autoridades que den a conocer los nombres, el paradero y la situación legal de todos los detenidos, y que pongan en libertad a quienes lo estén únicamente por protestar pací­ficamente.

El bloqueo informativo casi total de noticias sobre el Tí­bet y zonas circundantes no sólo ha dificultado confirmar los informes, sino que traiciona las promesas oficiales de garantizar una "completa libertad de los medios de comunicación" antes de las Olimpiadas.

El informe de AI entra en detalles sobre casos de procesamiento de activistas de derechos humanos por informar sobre abusos o relacionar sus motivos de preocupación respecto a los derechos humanos con la organización de los Juegos por Pekí­n. Amnistí­a Internacional pide que sean puestos inmediatamente en libertad incondicional los activistas pací­ficos detenidos únicamente por expresar sus opiniones, como:

El activista en favor de los derechos a la tierra Yang Chunlin, condenado a cinco años de cárcel el 25 de marzo por "incitación a la subversión" tras encabezar una campaña bajo el lema "No queremos Olimpiadas, queremos derechos humanos". Según los informes, Yang Chunlin fue torturado por la policí­a bajo custodia, pero no le dieron oportunidad de denunciar estas torturas ante el tribunal.

El activista de Pekí­n Hu Jia, juzgado el 18 de marzo por "incitación a la subversión" en relación con sus actividades de derechos humanos, tras haber pasado ya muchos meses bajo una invasiva "detención domiciliaria". Su esposa, Zeng Jinyan, sigue recluida bajo estrecha vigilancia policial en su domicilio junto con su hija recién nacida.

La "limpieza" previa a los Juegos también ha provocado la detención de miles de personas que presentan reclamaciones en general o sobre violaciones de derechos humanos ante las autoridades en Pekí­n, muchas de las cuales han sido enviadas a sus provincias de origen. Estas prácticas recuerdan el sistema de "custodia y repatriación", un sistema de detención hasta la repatriación para migrantes internos que fue suprimido en 2003 a bombo y platillo y anunciado en China como un importante paso adelante para los derechos humanos. Algunos de estos peticionarios también han sido asignados a "reeducación por el trabajo", otro sistema abusivo de detención sin juicio que ha permanecido estancado en la agenda de reformas de China durante muchos años.

La nueva normativa introducida el año pasado y encaminada a aumentar la libertad para informar de los periodistas extranjeros en China no se ha aplicado en Tí­bet, y son varios los periodistas a los que se ha impedido informar sobre cuestiones delicadas en Pekí­n y en otras zonas de China. Entretanto, los medios de comunicación nacionales continúan sometidos a estrictas restricciones y la censura de Internet se ha endurecido, siendo varios sitios web de Pekí­n de noticias sobre VIH/sida los últimos en sentir sus embates. Los informes indican que los controles informativos también se están extendiendo al servicio de mensajes cortos de texto (SMS) en Pekí­n.

En el informe se acogen con satisfacción las afirmaciones oficiales según las cuales el año pasado se redujeron significativamente las condenas a muerte y las ejecuciones como consecuencia de la reintroducción de la revisión de estas condenas por el Tribunal Supremo Popular, pero se pide de nuevo a las autoridades que publiquen estadí­sticas nacionales completas sobre la pena capital para apoyar estas afirmaciones.