Los hechos se remontan al año 1.999, cuando un grupo de 40 empresarios de COAG, entre los que se encuentra el ex Senador D. Juan Miguel Peña Linares, adquirieron 420 hectáreas de LIC y terreno forestal a precio irrisorio para instalar invernaderos ilegales. Hace ocho años, la zona era montañosa y estaba ocupada por cerros y ramblas que ahora han desaparecido, los terrenos ahora están desertizados y son llanos, los montes han sido volcados sobre las ramblas de Ignacio, El Alquián, Balsa de los Mayorales y Menaje que han desaparecido.

Cuando los 40 propietarios, iniciaron los desmontes ilegales, en nombre y representación de COAG, los agentes forestales tramitaron numerosas denuncias que forzaron a la Consejerí­a de Medio Ambiente a dar orden de paralización de las obras. Esta orden fue desobedecida, motivo por el cual Eduardo López ha sido condenado a seis meses de prisión. Paralelamente a esta causa se sigue otra en el Tribunal Supremo, por ser Peña Linares, Senador en la anterior legislatura, donde están imputados la totalidad de los 40 propietarios de los terrenos. En este procedimiento se acusa a todos los propietarios de delito ecológico por destruir la orografí­a del terreno donde además existí­an numerosas especies protegidas.

Conviene ahora repasar lo sucedido y recordar como reaccionaron, hace ocho años, los 40 infractores y como fueron protegidos por las distintas administraciones.

Los dirigentes de COAG negaron los hechos y amenazaron a Ecologistas en Acción con querellas por calumnias si continuaban acusándoles de ser los autores de los desmontes, incluso el 13 de diciembre de 2.002, el representante nacional de COAG manifestó "que ni la Organización a la que represento a nivel estatal, ni ninguno de sus dirigentes sindicales tienen nada que ver con dichos desmontes".

Los infractores de COAG contrataron a la agencia de detectives privados Avila Elviro, en la calle Gerona 12, 4º, de Almerí­a, para investigar a los ecologistas que denunciaban los hechos. La agencia Avila Elviro emitió varios informes sobre la actividad privada de los ecologistas.

El entonces Consejero de Agricultura y Pesca, Paulino Plata, llamó ignorantes a los ecologistas y afirmó que las obras eran legales. Al mismo tiempo que defendí­a a los infractores, obtení­a una subvención de 3.380.385,08 € para construir el edificio ilegal de Vega Cañada S.A. que tapona la extinta Rambla de la Balsa de los Mayorales.

Recordemos como el Delegado de Medio Ambiente afirmó que la actividad al Sur de Sierra Alhamilla ya habí­a cesado y como tramitó el cambio de uso de los terrenos cuando ya estaban arrasados. Las obras ilegales fueron realizadas por la empresa estatal TRAGSA

Con esta condena se ha empezado a hacer justicia, pero no es suficiente, Ecologistas en Acción exigirá responsabilidades polí­ticas y penales a las personas que permitieron este brutal destrozo.