"Cinco años son cinco años de más. El único delito cometido por estas 58 personas es haber ejercido pací­ficamente sus libertades fundamentales. Amnistí­a Internacional las considera presas de conciencia. Deben ser puestas en libertad de manera inmediata e incondicional", ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistí­a Internacional.

En febrero de 2008, Amnistí­a Internacional aplaudió la liberación de cuatro presos de conciencia y la firma, por parte de Cuba, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos.

"El nuevo presidente cubano, Raúl Castro, debe continuar las acciones positivas emprendidas recientemente, y para ello debe abordar algunas de las cuestiones de derechos humanos más acuciantes del paí­s, como la revisión judicial de todas las condenas dictadas tras juicios injustos, la abolición de la pena de muerte y la introducción de medidas para garantizar la libertad de expresión y la independencia del poder judicial", ha declarado Kerrie Howard.

De los 58 presos de conciencia actualmente encarcelados en Cuba, 55 son los que continúan recluidos de un grupo de 75 personas encarceladas en el contexto de la represión masiva del movimiento disidente emprendida en marzo de 2003. La mayorí­a fueron acusados de delitos como "actos contra la independencia del Estado" por haber recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba. Estas actividades incluyen la publicación de artí­culos o la concesión de entrevistas a medios de comunicación financiados por Estados Unidos, la comunicación con organizaciones internacionales de derechos humanos y los contactos con entidades o personas consideradas hostiles a Cuba. Estos hombres fueron condenados a penas de entre 6 y 28 años de prisión tras juicios acelerados y dudosos. Hasta el momento, veinte de ellos han sido puestos en libertad condicional por motivos médicos.

Entre los opositores polí­ticos encarcelados se encuentra Marcelo Cano Rodrí­guez, médico y defensor de los derechos humanos. Fue detenido en la ciudad de Las Tunas el 25 de marzo de 2003 cuando investigaba la detención de otro médico, Jorge Luis Garcí­a Paneque, detenido durante la represión de la disidencia en el paí­s. Marcelo Cano Rodrí­guez fue juzgado, declarado culpable y condenado a 18 años de prisión. Entre las actividades que la fiscalí­a citó contra él se encontraban las visitas a presos y a sus familias como parte de su trabajo con la Comisión Cubana de Derechos Humanos, y sus relaciones con la organización internacional Médicos sin Fronteras. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Ariza, en la ciudad de Cienfuegos, a unos 250 km al sureste de su casa y su familia en la capital, La Habana, lo que dificulta las visitas de sus familiares.

"Al seguir manteniendo recluidos a opositores polí­ticos por ejercer sus libertades fundamentales, las autoridades cubanas están incumpliendo sus compromisos en materia de derechos humanos", ha manifestado Kerrie Howard.