La protesta unió al movimiento contra la privatización del colegio de El Álamo con los padres, madres y trabajadores de las escuelas infantiles públicas de la región, opuestos al drástico recorte de los requisitos mí­nimos de las escuelas de educación infantil, que el gobierno ha regulado para facilitar la apertura de "guarderí­as" privadas en las peores condiciones. CCOO esta preparando un recurso contra esta nueva normativa.

El nuevo decreto, cuyo proyecto recibió duras crí­ticas a su paso por el Consejo Escolar de la región, rebaja las actuales condiciones madrileñas al aumentar el nº de alumnos por aula de 16 a 20 niños en el tramo de edad de 2 a 3 años y de 12 a 14 niños en el tramo de 1 a 2. Así­ mismo, al disminuir el nº de educadores y educadoras de apoyo por escuela (valdrá con un apoyo para una escuela de más de 3 aulas); al permitir que no se disponga de patio exterior y rebajar el nivel de titulación de los profesionales, dejando abierta la puerta a una rebaja absoluta en las exigencias del nivel de estudios necesario.

Así­ mismo, se deja abierta la posibilidad de dedicar las instalaciones a otros usos fuera del horario lectivo, modificando la anterior normativa madrileña y estatal de dedicar los espacios, en exclusiva, a educación infantil. Lo que devaluará y perjudicará la calidad de la enseñanza.

CCOO entiende que tras esta fuerte rebaja de las condiciones de las escuelas infantiles se encuentra el objetivo de aumentar indiscriminadamente el nº de escuelas privadas o meras "guarderí­as" -en muchos casos- que puedan recoger los "cheques" con los que el Gobierno regional pretende atender la demanda insatisfecha de las 30.000 familias que anualmente solicitan plaza infantil pública, sin obtenerla. El resultado será, en todo caso, una devaluación aguda de la calidad de la educación infantil, en todos los centros de enseñanza, públicos y privados.

Para CCOO es inadmisible el planteamiento de este decreto que legisla de una forma tan mí­nima y ambigua que permitirá la existencia de todo tipo de iniciativas privadas que podrán actuar con absoluta impunidad y sin el más mí­nimo seguimiento y supervisión. Se trata, pues de una norma para un mayor descontrol de las "guarderí­as" privadas que podrá derivar en situaciones conflictivas o de posibles riesgo para la seguridad y la salud de trabajadores y alumnos. Por lo que el sindicato está preparando un recurso contra ella.

CCOO exige, así­ mismo, que se respete el carácter público de las escuelas infantiles y se frene su privatización, atendiendo la demanda de la mayorí­a de las familias madrileñas que optan por una escuela infantil pública, gratuita, y no por una escuela o "guarderí­a" privada, mal financiada con un "cheque", cuya cuantí­a es insuficiente para pagar la plaza escolar.

En el dí­a de ayer, además, se hizo entrega a la Consejerí­a de Educación de 115.000 firmas en defensa de una enseñanza de calidad en las escuelas infantiles y en contra del Decreto de devaluación.