La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) que, en representación de varias asociaciones vecinales está personada como parte afectada en el sumario de la denominada Operación Guateque desde diciembre del pasado año, lamenta que los tres partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en el procedimiento para esclarecer los hechos denunciados y determinar el alcance de las responsabilidades que de la investigación se deriven.

La federación vecinal quiere poner de manifiesto su perplejidad y decepción ante la actitud de los responsables polí­ticos del Consistorio madrileño que, a la luz de los últimos acontecimientos, parecen haber antepuesto los intereses partidistas al interés general en un asunto cuyas consecuencias afectan no sólo a los empresarios extorsionados, sino a miles de vecinas y vecinos de la capital. Alerta, asimismo, sobre la posibilidad de que la falta de acuerdo impida arrojar toda la luz necesaria para clarificar los hechos denunciados dejando resquicios a la continuidad en la dejación de responsabilidades en la función de control y gestión de la concesión de licencias.

La FRAVM, en nombre de las asociaciones vecinales que durante años han denunciado irregularidades en la concesión de licencias, llama la atención sobre el hecho de que estas deficiencias han dado lugar a una proliferación abusiva y descontrolada de locales de ocio nocturno cuyas consecuencias (ruido, suciedad, violencia ligada al consumo abusivo de alcohol, degradación ambiental y social, inseguridad ciudadana"¦) padecen las vecinas y vecinos de las zonas con mayor concentración de estos negocios, tal y como ponen de manifiesto el Juzgado de lo Contencioso, en una sentencia del 1/7/2003 y el Juzgado de lo Penal número 24 (sentencia 99/2006). Insta, por tanto, a los partidos polí­ticos, a que pongan todos los medios a su alcance para corregir los defectos y garantizar un servicio de concesión de licencias público, diligente, ágil y transparente que garantice el cumplimiento de los derechos de todas las partes, incluidas las de las vecinas y vecinos.

La FRAVM, organización que históricamente ha trabajado en defensa de los servicios públicos, espera que la falta de acuerdo no se traduzca en la externalización del servicio de concesión de licencias como solución a un problema de control de gestión de lo público y que, en un futuro, los partidos hagan gala de su responsabilidad polí­tica subordinando los intereses partidistas al interés general de la ciudadaní­a.