El silencio ha sido la respuesta obtenida en varias ocasiones por parte de la Administración. Esto ha obligado a la organización ecologista ha presentar varias denuncias ante la Comisión de las Comunidades Europeas por incumplimiento del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.

La última de las denuncias, presentada el 23 de mayo, está referida a una solicitud de información acerca de la aplicación del Plan Autonómico de Pilas y Acumuladores Usados, así­ como de la fase de elaboración en que se encontraba el Plan Autonómico de Gestión de los Residuos Industriales.

La legislación, tanto comunitaria como estatal, obliga a responder a las solicitudes de información en materia de medio ambiente en un plazo máximo de dos meses. A juicio de Ecologistas en Acción, el recibir el silencio como única respuesta tan sólo evidencia la falta de voluntad polí­tica de potenciar el primero de los Planes, y de llevar a cabo el segundo. El propio Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000) recogí­a la necesidad de elaborar Planes Autonómicos que permitieran la gestión correcta de este tipo de residuos pero, ni siquiera después de transcurrido año y medio de la fecha de finalización del Plan Nacional se dispone de un Plan adaptado a las circunstancias de nuestra Comunidad.

Pero es asimismo obvio que la elaboración de un Plan de este tipo debe asentarse sobre la base de un conocimiento exhaustivo de las fuentes generadoras de residuos peligrosos, así­ como de las cantidades y tipo de residuos producidos. De ahí­ la necesidad de disponer de inventarios que recojan esa información que, según el Plan Nacional, debí­an actualizarse al menos cada tres años. El inventario de residuos peligrosos elaborado en 1995, a juicio de Ecologistas en Acción, era incompleto y carecí­a de fiabilidad. Pero en mayo de 2001 fue la propia Consejerí­a de Medio Ambiente la que reconoció que el inventario correspondiente a 1998 no se podí­a poner a disposición del público porque no ofrecí­a suficientes garantí­as en cuanto a su producción real. Se puede decir, por tanto, que la Administración desconoce los tipos de residuos peligrosos que se generan en Madrid, su cuantí­a y sus fuentes de emisión.

Otro dato de interés es el conocer la partida presupuestaria ejecutada en cumplimiento del "Convenio suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Madrid sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995-2000". Según información de la Consejerí­a, en mayo de 2001, de los 1.959 presupuestados en el Plan, tan sólo se habí­an ejecutado realmente 140, es decir, ni siquiera se alcanzó la exigua cifra del 10% en todo el periodo de aplicación del Plan.

Si descendemos a detalles más concretos, dentro de los objetivos del Plan Nacional se otorgaba gran importancia a la adopción de medidas que previnieran la generación de este tipo de residuos, habiéndose fijado el objetivo de reducir en origen al finalizar el Plan, el 40% de lo producido en el año 1994. En mayo de 2001 la Consejerí­a reconocí­a, sin cuantificar con precisión, que no se habí­an presentado apenas estudios de minimización por parte de los productores de residuos peligrosos.