La aplicación del Real Decreto-Ley sobre incineración de harinas deorigen animal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 defebrero y convalidado por el Parlamento, se está convirtiendo en un motivo de fuerte controversia social en el entorno de las plantas cementeras donde pretenden quemarse estos residuos. Municipios comoBuñol (Valencia), Carboneras (Almeria), Morata de Jalón (Zaragoza),Olazagutí­a (Navarra) y Toral de los Vados (León) se han opuesto a la incineración de las harinas cárnicas, mientras las protestas ciudadanas se han extendido a otras localidades como Arrigorriaga (Vizcaya). Moratade Tajuña (Madrid), Santa Margarida i els Monjos (Tarragona) o Torredonjimeno (Jaén).

En los casos de Almerí­a, Jaén, León y Navarra las protestas han paralizado los planes administrativos y empresariales, que se enmarcanen el acuerdo marco firmado por el Gobierno con la patronal cementera(Oficemen) el pasado 11 de enero. Las plataformas vecinales se estánextendiendo, además, a los proyectos de incineradoras de residuos cárnicos que comienzan a aparecer en distintos puntos del paí­s, así­ comoa algunas de las 13 plantas de tratamiento de materiales especificados de riesgo (MER) autorizadas en este momento en España, como las deCebreros del Rí­o en León y Valverde de Alcalá en Madrid.

El problema radica en los riesgos asociados a la quema de estosresiduos, tanto por el incremento directo en la emisión de contaminantes como por la posibilidad de que a la incineración de las harinas cárnicas siga la de otros desechos más peligrosos, de origen urbano e industrial,como neumáticos, disolventes, aceites minerales o envases plásticos.Sobre las emisiones derivadas de la quema de residuos cárnicos, losdatos obtenidos en 3 cementeras del Paí­s Vasco durante el pasado mes de enero indican incrementos de la contaminación por monóxido de carbono,compuestos orgánicos clorados y fosfatos, así­ como la presencia de cobre y cinc en los gases de combustión.

A pesar de estos preocupantes indicios, las autoridades estatales y autonómicas no están suministrando información a las poblaciones afectadas sobre los análisis realizados en las cementeras donde se hancomenzado a quemar las harinas. Este hermetismo oficial parte del Real Decreto-Ley citado, que ha apartado a los Ayuntamientos y a lasorganizaciones ciudadanas del control de la incineración de estos desechos en instalaciones industriales, suprimiendo arbitrariamente lalicencia de actividad y la evaluación de impacto ambiental, alegando supuestos motivos de extraordinaria y urgente necesidad. Los conflictossociales son, pues, la lógica consecuencia del déficit democrático y lafalta de transparencia que evidencian estas medidas.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha demandado a los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente y a distintas Comunidades Autónomas que procedan al estudio de alternativas de tratamiento de lasharinas cárnicas distintas a la incineración o el vertido de los residuos, como por ejemplo el compostaje, que permitirí­a el aprovechamiento de los nutrientes contenidos en las harinas como abono agrí­cola, sin los riesgos ambientales asociados a la incineración. Estaopción ha sido también la propuesta por entidades como la Sociedad Española de Agricultura Biológica o el Instituto Valenciano deInvestigaciones Agrarias (IVIA).

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