Para estos colectivos la actitud demostrada por el Presidente de la Mancomunidad deja muy claro que las preocupaciones del mismo se alejan mucho de la protección animal y refleja el hecho de que en ningún momento ha sido conciente de la situación por la que se ha decretado el cierre cautelar de la perrera "El Refugio".

De la misma manera, dichos colectivos afirman que no se puede tolerar el hecho de que los polí­ticos se inmiscuyan en el poder judicial mostrando su repulsa a este tipo de actuaciones.

Recordar que los hechos que han llevado al cierre de la perrera y la imputación del personal de la misma constituyen un delito de atentado contra la vida de un ser vivo, hecho tipificado en el Código Penal.

Dichas organizaciones muestran su apoyo a la labor ejercida por dicha jueza del Juzgado de Primera Instancia número dos de Puerto Real, a la vez que aplauden la actitud de valentí­a mostrada por la denuncia de los hechos.