"En lugar de utilizar sus poderes para reprimir e intimidar a quienes protestan y reclaman sus derechos, el gobierno de Irán deberí­a abordar la histórica discriminación legal y en otras esferas que afecta a la mujer, que representa la mitad de la población del paí­s "“declaró Malcolm Smart, director del Programa de Oriente Medio y Norte de África de Amnistí­a Internacional"“. Las autoridades deben poner en libertad a los defensores y defensoras de los derechos de la mujer que están encarcelados y dejar de detener y hostigar a quienes ejercen pací­ficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión".

El nuevo informe de Amnistí­a Internacional se publica cuando Ronak Safarzadeh y Hana Abdi "“dos activistas iraní­es kurdas"“ siguen detenidas sin cargos ni juicio y sin poder acceder siquiera a un abogado. Ambas fueron detenidas en octubre y noviembre del 2007 por ejercer pací­ficamente sus derechos.

La organización ha hecho públicos también datos de 12 activistas de los derechos de la mujer, 11 mujeres y un hombre, que están actualmente detenidos o afrontan la persecución debido a sus esfuerzos pací­ficos para propugnar el cambio legislativo.

Según el informe Irán: Defensoras y defensores de los derechos de las mujeres desafí­an la represión, los defensores y defensoras de derechos humanos que impulsan la campaña para poner fin a la discriminación legalizada de la mujer son con frecuencia objeto de detención y reclusión; se les niega el acceso a sus abogados, a su familia y al debido proceso, y en ocasiones sufren malos tratos con impunidad a manos de funcionarios de seguridad. Algunos han sido enjuiciados por cargos poco precisos, acusados de amenazar la seguridad nacional o pública, aparentemente como una forma de intimidación y para disuadirlos de continuar su campaña para proteger y promover los derechos de la mujer en Irán. Otros han sido detenidos sin más, sin ningún cargo formal, durante largos periodos en los que permanecieron en régimen de aislamiento y se les negó el acceso al mundo exterior, muchas veces en aplicación de una disposición legal que permite a los jueces imponer periodos de detención renovables indefinidamente.

El acoso y la intimidación de las autoridades contra los activistas de los derechos de la mujer se han hecho más patentes y agudos desde que se presentó la Campaña por la Igualdad, el 27 de agosto de 2006, que tiene por objetivo reunir un millón de firmas de iraní­es en una petición que reclama el fin de la discriminación legal de la mujer.

Decenas de activistas y simpatizantes han sido detenidos en relación con sus actividades en la Campaña por la Igualdad, algunos de ellos mientras recogí­an firmas para la petición. En enero del 2008, las autoridades habí­an bloqueado el sitio web de la campaña al menos siete veces. Se ha denegado con frecuencia la autorización pública para celebrar reuniones, y los activistas de la campaña suelen realizar sus talleres en los domicilios de simpatizantes, algunos de los cuales han recibido amenazas telefónicas, aparentemente de funcionarios de seguridad, o han sido citados por éstos para ser interrogados. La policí­a irrumpió en al menos uno de estos talleres y detuvo a todas las personas presentes, golpeando a algunas de ellas.

Amnistí­a Internacional pide un cambio en la legislación discriminatoria que, entre otras cosas, excluye a las mujeres de los cargos más importantes de la administración del Estado y su nombramiento como juezas; les niega la igualdad de derechos respecto de los hombres en materia de matrimonio, divorcio, custodia de los hijos y herencia, y determina que sus testimonios ante un tribunal tienen únicamente la mitad del valor del testimonio de un varón.

El informe pide al gobierno, al Parlamento iraní­ (el Majles) y a las autoridades judiciales que ejercen una influencia significativa en la posición de la mujer, que cumplan las obligaciones internacionales contraí­das por Irán de hacer respetar los derechos de las mujeres y pongan fin a la discriminación legal y en otros ámbitos.

"Las autoridades deben acoger y fomentar las reclamaciones de las mujeres iraní­es que piden la igualdad en la sociedad y que se ponga fin a la legislación discriminatoria que afecta a sus vidas "“afirmó Malcolm Smart"“. El gobierno debe ver la labor de los activistas por los derechos de la mujer y de los defensores y defensoras de los derechos humanos como algo muy valioso, y reconocer la importante contribución que hacen estos y estas activistas y defensores para abordar la discriminación y la intolerancia y promover los derechos humanos universales para todos los iraní­es."