El anuncio de eliminar de los programas educativos la discriminación positiva de las lenguas de los diferentes territorios, minorizadas a conciencia durante la historia con la aplicación de las polí­ticas centralistas y especialmente durante el franquismo, se basa en falaces argumentos de inexistentes conflictos sociales por discriminación del castellano, y atenta a nuestro entender contra los diferentes Estatutos de Autonomí­a y la legislación derivada de ellos en materia lingí¼í­stica, logros democráticos fundamentales conquistados por la democracia.

Que el castellano, en los territorios con lengua propia, se convierta en la lengua vehicular en la educación y que el alumnado sea segregado según la lengua en que sea escolarizado, sólo puede llevar a un lamentable enfrentamiento social, ya que pretende fomentar la discordia entre la ciudadaní­a para conseguir réditos polí­ticos.

Peligrosa e irresponsablemente, estas pretensiones del partido de la derecha española no se dirigen sólo a cuestiones educativas: son la demostración palpable de un concepto del Estado cada vez más escorado hacia el franquismo y carente de ética democrática, en el que la manipulación informativa y la confrontación social son los medios de los que se sirve para retroceder a tiempos polí­ticos que nunca deben volver.