"Gente de toda Colombia se está viendo metida a la fuerza en un conflicto que ha causado la muerte o la desaparición forzada de decenas de miles de civiles y ha obligado a desplazarse a millones más. El gobierno colombiano debe garantizar que se protege el derecho de la población civil a no verse implicada en este conflicto mortal", ha manifestado Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistí­a Internacional.

"Nos preocupa enormemente la seguridad de los hombres, mujeres, niños y niñas que regresan a Mulatos en especial porque, precisamente cuando la comunidad ha intentado en el pasado reasentarse en parcelas de tierra abandonadas, ha sido ví­ctima de abusos", ha declarado Susan Lee.

La vereda de Mulatos forma parte de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, situada en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia. A lo largo de los últimos diez años, esta Comunidad de Paz ha instado a todos los combatientes a respetar su derecho a no verse arrastrada al conflicto. Desde su creación en 1997, más de 160 de sus miembros han muerto o han sido ví­ctimas de desaparición forzada, la mayorí­a a manos de paramilitares respaldados por el ejército y de las fuerzas de seguridad, pero también de la guerrilla.

El 21 de febrero de 2005, ocho miembros de la Comunidad de Paz "“entre ellos uno de sus dirigentes más destacados, Luis Eduardo Guerra, tres menores de 2, 6 y 11 años y una muchacha de 17"“ fueron asesinados y sus cadáveres mutilados. Algunos de los homicidios tuvieron lugar en la zona de Mulatos.

Pese a los esfuerzos de las autoridades colombianas por atribuir la masacre a la guerrilla, las investigaciones judiciales sugieren que estos homicidios fueron obra de las fuerzas de seguridad en coordinación con los paramilitares.

"Aunque los aparentes avances en las investigaciones criminales sobre la masacre de 2005 son motivo de satisfacción, resulta increí­blemente decepcionante que apenas se haya progresado en la investigación sobre la posible responsabilidad de la cadena de mando en este caso, ni en las investigaciones de la inmensa mayorí­a de los más de 160 homicidios cometidos contra la Comunidad de Paz", ha manifestado Susan Lee.

Pese a la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, Amnistí­a Internacional sigue recibiendo información sobre una actividad paramilitar constante en la zona de San José de Apartadó, así­ como informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, a menudo en connivencia con los paramilitares.

El 23 de diciembre de 2007, Marí­a Margarita Giraldo Usuga, miembro de la Comunidad de Paz, fue secuestrada, según los informes, por miembros del ejército en Arenas Bajas. Más tarde el ejército la mató y la presentó como una guerrillera muerta en combate. Según los informes, su cadáver presentaba señales de tortura.

El 6 de enero de 2008, miembros del ejército amenazaron, según los informes, con matar a los familiares de Margarita si no admití­an públicamente que ésta era una guerrillera. Al negarse los familiares, el ejército, según indican los informes, les dijo que abandonaran la zona o las fuerzas paramilitares los matarí­an.

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, como la Corte Constitucional de Colombia han pedido a las autoridades colombianas que garanticen la seguridad de la Comunidad de Paz y hagan mayores esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables de los ataques contra ella. Sin embargo, las autoridades colombianas no parecen haber hecho gran cosa para cumplir con estas peticiones.