Ante el arresto de una empresaria de la hostelerí­a de Bilbao acusada de explotación laboral de trabajadoras en situación irregular, y la detención de dos de éstas trabajadoras, exigimos que la prioridad de la administración sea la de la protección de los derechos laborales de las trabajadoras.

La explotación debe ser perseguida, y en su caso, castigada, pero debe prevalecer el objetivo de mejorar la situación de quien esta sufriendo la explotación.

Si en un caso similar las trabajadoras fueran autóctonas, se obligarí­a a la empresaria a mejorar sus condiciones laborales, a pagarles lo que les debiese, a contratarles de modo indefinido, y a asegurar las correctas condiciones laborales.

En este caso, al ser las trabajadoras personas inmigradas, que se encuentran en situación irregular, sin papeles, no sólo se quedan sin trabajo, sino que se les suele abrir una orden de expulsión.

En lugar de mejorar su situación, en lugar de protegerlas, de defenderlas, en lugar de hacer valer sus derechos laborales, se les castiga por estar siendo explotadas.

En lugar de mejorar su situación, se empeora, en lugar de tener un trabajo en malas condiciones, se les deja sin trabajo, y en lugar de ayudarles, se les detiene y se les castiga con la orden de expulsión.

No se denuncian la mayor parte de los abusos y las situaciones de explotación, precisamente por el miedo a que encima se les castigue por encontrarse en situación irregular. Si en lugar de proteger se castiga, Mal mensaje se traslada a quienes puedan estar siendo explotadas.

La legislación de extranjerí­a y este tipo de intervenciones en que se castiga al trabajador o trabajadora lo que hacen es evitar que se denuncie y promover la clandestinidad, favoreciendo la explotación.

La vigente normativa de extranjerí­a, que imposibilita el acceso al trabajo regular, hace que la irregularidad sea crónica, y crea las condiciones para que se den este tipo de situaciones de explotación laboral, abuso e indefensión.

Desde SOS Racismo - SOS Arrazakeria exigimos que se garantice la protección de las trabajadoras, que su situación sea regularizada (lo que contempla la ley, por colaboración con la justicia), que se obligue a la empresa a compensar lo abusado, y se garantice la continuidad del trabajo, pero en condiciones justas y dignas, así­ como denunciamos que se pueda castigar a quienes deben ser protegidas.