Hace precisamente dos meses, Guatemala votó en las Naciones Unidas a favor de una suspensión mundial de las ejecuciones. "El presidente Álvaro Colom debe respetar ahora este compromiso "“ha declarado Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala en Amnistí­a Internacional"“. Guatemala debe dar la espalda a esta arcaica práctica y unirse a la abrumadora mayorí­a de paí­ses que ya lo han hecho."

"La pena de muerte es la pena cruel, inhumana y degradante por excelencia. Es arbitraria, su ineficacia para reducir la delincuencia está demostrada y perpetúa un clima de violencia en el que nunca se puede alcanzar realmente la justicia", añadió Elgueta.

En su carta, Amnistí­a Internacional pide también al presidente Colom que adopte medidas concretas sobre algunas de las cuestiones de derechos humanos más apremiantes para Guatemala, como la inexistencia de investigaciones efectivas sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, el número creciente de casos de violencia contra las mujeres "“y, en concreto, el número de homicidios denunciados cada año"“, el elevado número de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y los desalojos forzosos de comunidades rurales.

"Los desafí­os para los derechos humanos en Guatemala siguen siendo enormes. Durante los cuarenta años que lleva observando la situación en el paí­s, Amnistí­a Internacional ha sido testigo de cómo los sucesivos gobiernos no han introducido mejoras reales en la administración de la justicia o en la erradicación de la impunidad"“ ha afirmado Sebastián Elgueta"“. Precisamente el pasado mes de diciembre, la decisión de la Corte de Constitucionalidad de resolver en contra de la detención de las personas acusadas de genocidio cometido durante el conflicto armado interno fue otro revés más en la lucha contra la impunidad."

Amnistí­a Internacional ha solicitado también al nuevo presidente que autorice que se dé a conocer material de archivo en manos del Ministerio de Defensa que podrí­a ayudar a la investigación de los homicidios y desapariciones forzadas de más de 200.000 personas durante el conflicto armado interno de Guatemala.

"El nuevo gobierno de Guatemala debe a los ciudadanos de ese paí­s la adopción de medidas concretas para investigar y hacer comparecer ante la justicia a las personas que han violado los derechos humanos y para garantizar que en el futuro se salvaguardan plenamente los derechos de la población", añadió Sebastián Elgueta.