Nueve meses después del comienzo de las investigaciones, aún no se ha decidido si concurren datos para formular acusación. Según las normas internacionales, para que se considere "efectiva" una investigación sobre denuncias de malos tratos ha de ser rápida, exhaustiva e imparcial. La conclusión rápida de las actuaciones sirve al interés tanto de las presuntas ví­ctimas como de los acusados. El Comité contra la Tortura de la ONU declaró en el caso de Abad vs. España (1996) que la rapidez de la investigación sobre malos tratos es esencial. Por su parte, en su informe de 2005 sobre España, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes recordó a las autoridades españolas que para cumplir lo establecido en el artí­culo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos debe llevarse a cabo una investigación con prontitud y razonable celeridad.

Además, Amnistí­a Internacional observa que la reincorporación al trabajo de los cinco agentes sometidos a investigación es contraria a las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, que aconseja que los funcionarios sometidos a investigación por malos tratos sean suspendidos de empleo mientras duren las actuaciones (Informe a la Asamblea General de la ONU del Comité contra la Tortura, documento de la ONU A/56/44). A Amnistí­a Internacional le preocupa que, al levantar la suspensión de empleo a los agentes antes de que finalicen las actuaciones penales, el Departamento de Interior del gobierno autonómico de Cataluña está actuando en contra de esta recomendación y podrí­a fomentar un clima de impunidad entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Amnistí­a Internacional pide a todas las autoridades españolas que adopten las medidas oportunas, en cumplimiento de las normas legales internacionales y de las recomendaciones formuladas por los órganos internacionales, a fin de garantizar que las investigaciones sobre presuntas torturas y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se lleven a cabo con prontitud, para garantizar la imparcialidad para todas las partes afectadas. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sometidos a investigación por presuntas torturas o malos tratos deben ser suspendidos del servicio activo mientras se llevan a cabo unas investigaciones imparciales y exhaustivas.

Información complementaria En sendos incidentes ocurridos, respectivamente, en marzo y abril de 2007, dos detenidos fueron presuntamente sometidos a malos tratos mientras estaban en la comisarí­a central del barrio de Les Corts de Barcelona.

Según los informes, el 31 de marzo de 2007, cuatro funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sometieron a un detenido a reiterados golpes, patadas e insultos. En el segundo incidente, ocurrido el 5 de abril de 2007, una detenida recibió un golpe en la cara mientras estaba esposada. Los incidentes fueron grabados por cámaras de vigilancia ocultas que se habí­an instalado en el interior de la comisarí­a después de recibirse una serie de denuncias de malos tratos formuladas por otros detenidos.