El Presidente del Gobierno, José Luis Rodrí­guez Zapatero, debe saber que en Colombia, en menos de dos semanas, los grupos paramilitares han asesinado a 12 personas, han hecho desaparecer a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el departamento Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo dí­a en Medellí­n, hicieron desaparecer al abogado Ví­ctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social. El mismo que habí­a formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellí­n, donde el pasado 11 de enero cinco lí­deres comunitarios fueron asesinados y otros tres heridos de bala. El 14 de enero, la Defensorí­a del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, departamento del Chocó, asesinando a dos personas, llevándose a otras ocho y desplazando a cerca de 120 habitantes de la población.

La organización de DDHH \’Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad"™ plantearon en el 2006 la necesidad de visibilizar los casos de candidaturas y postulaciones a cargos públicos con graves indicios de estar comprometidas con el paramilitarismo y los crí­menes de Estado. Denunciaron en su "˜Llamamiento a La Memoria"™ a personas como Eleonora Pineda y Rocí­o Arias, a quienes Mario Uribe, primo hermano e histórico acompañante polí­tico de Uribe, mantuvo en la lista de su partido a pesar de conocer sus simpatí­as con los jefes paramilitares. Pineda rindió su versión ante la Corte Suprema el dí­a 19 de septiembre de 2007 y allí­ aceptó ser el "brazo polí­tico de las autodefensas que comandaba Mancuso en Córdoba", mientras Rocí­o Arias trata hoy de influir en el gobierno para mejorar las condiciones carcelarias de los paramilitares.

Ecologistas en Acción muestra su preocupación por las consecuencias del conflicto armado interno sobre la población civil, los 4 millones de personas desplazadas, y el alto número de homicidios fuera de combate. En el primer periodo del presidente Uribe, los grupos guerrilleros fueron responsables del 25% de estos homicidios (1.591 ví­ctimas); los grupos paramilitares, en violación al cese al fuego, fueron responsables del 61% (3.907 ví­ctimas) y la fuerza pública fue responsable directamente de un 14% (908 ví­ctimas). La impunidad casi total y estructural que sigue siendo la norma en Colombia, no permite que se supere esta violación sistemática de derechos humanos.

La organización ecologista considera que, en vez de reunirse con Uribe y abrazar ciegamente su concepción unidimensional del terrorismo, Zapatero deberí­a apoyar la demanda contra el mandatario colombiano ante el Tribunal Internacional de La Haya por los atropellos en Colombia.