En opinión de CCOO, UGT y CSIT-UP, la doctrina más consolidada, en este sentido, del Tribunal Constitucional, ha situado el derecho a la actividad sindical entre los contenidos de la libertad sindical e integra en este derecho fundamental las funciones que pueden esperarse de los sindicatos y entre ellas la de negociación colectiva. Por otro lado, afirma que la negociación colectiva es un medio para el ejercicio de la acción sindical que reconocen los artí­culos 7 y 28.1 de la Constitución de 1978; por tanto, negar, desvirtuar u obstaculizar el ejercicio de la facultad negociadora de los sindicatos, ha de entenderse como una practica que vulnera el derecho constitucional a la libertad sindical. Por ello, mostramos nuestra convicción de que el Tribunal superior condenará al Gobierno regional.

Desde el pasado 4 de septiembre de 2007 (momento el que se registró la primera solicitud de negociación), el empeño de los tres sindicatos se ha situado en la consecución de un acuerdo colectivo para los 200.000 trabajadores que dirige Esperanza Aguirre, a efectos de proteger y promocionar sus intereses sociales y económicos, que la presidenta regional les niega, desde la revisión de sus condiciones de trabajo, en el marco de una nueva negociación.

El Gobierno regional y Esperanza Aguirre están instalados en la negación del derecho y la dignidad, colocando las retribuciones y salarios de sus 200.000 empleados públicos en una alarmante situación de pérdida de capacidad de compra, más de un punto porcentual en solo un año, cuya consecuencia, además, precariza la economí­a de otras tantas familias que retroceden o empeoran en términos de renta disponible.