Desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público la existencia de estas mesas está en el aire. Ello está generando una gran inquietud ante las disfunciones que se están produciendo en la negociación de las condiciones laborales del personal empleado público, ya que en la práctica no se están respetando los resultados emanados de las elecciones sindicales donde las trabajadoras y trabajadores eligen a sus representantes.

Así­, se están dando situaciones verdaderamente llamativas, como la de Asturias, donde las negociaciones en educación se están llevando a cabo desde un "grupo de trabajo" de la Mesa General de la Función Pública, a pesar de que la Junta General del Principado aprobó instar al Gobierno a la creación de la Mesa Sectorial de Educación. Eso significa en la práctica que el sindicato mayoritario en la enseñanza asturiana, SUATEA, no tiene voz ni voto en estas negociaciones que tan directamente atañen al colectivo docente.

En la Comunidad de Madrid, igualmente, los representantes del profesorado no han sido convocados ni para tratar de la determinación de las plazas de cara al concurso de traslados.

La Confederación Intersindical ha manifestado su extrañeza a la ministra de Administraciones Públicas, porque conociendo el lema del Gobierno socialista de acercar la gestión de lo público a la ciudadaní­a y el fomento de la participación, es ciertamente alarmante esta situación que compromete seriamente su discurso y que oculta información e impide a representantes sindicales elegidos por sufragio llevar a cabo la principal tarea que les ha sido encomendada.

En este sentido, cabe recordar que el nuevo Estatuto Básico contempla la creación de estas mesas, y que hace unos meses representantes de todas las administraciones públicas llegaron en Valencia al acuerdo de convocarlas.