La valoración de Ecologistas en Acción es positiva, vistas los precedentes en temas de caza en el resto del Estado. Es muy relevante, el hecho de que se haya condenado a los responsables a dos años de prisión, que es el máximo recogido en el Código penal, así­ como cuatro años de pérdida de licencia de caza en todo el territorio nacional.

El Juez, en sus Fundamentos de Derecho, considera que la especie"Pantera Tigris" protegida y en peligro de extinción , lo es a nivel mundial. Estando prohibida su caza por los tratados internacionales firmados por el Estado Español "“ Convenio de Washington "“ también en nuestro territorio ha de ser perseguida penalmente el acto de darle muerte en acto de caza , como el que se realizó el 3 de diciembre de 2005.

A pesar de lo anterior, no se contempla la condena de un delito de comercio y tráfico de especies protegidas y de sus restos, cuando a juicio de Ecologistas en Acción, quedó acreditado que comenzaban a desollar el cadáver del animal, para utilizar la piel como trofeo. Pero lo más importante es que decide no inhabilitar al titular de la actividad cinegética, para actividades comerciales ligadas al hecho delictivo. Al respecto ocurrirá que el principal delincuente, puede no entrar en prisión al no superar los dos años, quedar inhabilitado para cazar, pero seguir contratando y manteniendo sus cotos y actividades cinegéticas, a pesar de haberle reprochado el intento de actividad mercantil ilegal. Es como el que vendiendo productos ilegales, se le sanciona y sin embargo se le sigue permitiendo tener la tienda abierta.

Por ello, Ecologistas en Acción, recurrirá la sentencia la Audiencia Provincial, para reclamar, en apelación, la extensión de la condena a todos los responsables (ya que han absuelto a la mujer Basilisa Toledano que el Juez dice que no es cazadora, cuando existen documentos en el procedimiento que acreditan lo contrario), también la inhabilitación para actividades mercantiles ligadas a la actividad cinegética (alquiler de cotos de caza), así­ como y, por último, se les condene en las costas de las acusaciones, como posibilita la sentencia 1318/2005 del Tribunal Supremo, sala segunda.