Materializando estas medidas, el dí­a 21 de diciembre se hizo entrega de más de 3.000 firmas solicitando a Marí­a Gádor Ongil la apertura de negociaciones con las organizaciones sindicales.

Estas organizaciones quieren recordar a la consejera que es necesario que dé respuesta a la precariedad laboral de los trabajadores de los centros de atención a las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, gestionados con dinero público, sin ningún control por parte de la Administración, lo que está generando una movilidad laboral, suponiendo para los usuarios en grave perjuicio debido al continuo cambio de profesionales por los que tienen que estar atendidos, afectándoles directamente en su bienestar emocional y fí­sico, motivo por el cual FEAPS, la Asociación de Enfermos de Parkinson, etc. apoyan las reivindicaciones de las organizaciones sindicales.

CCOO y UGT revindican medidas que garanticen la calidad del servicio también en términos de condiciones de trabajo, favoreciendo medidas que lleven a un proceso de homologación de los trabajadores y la creación de una mesa tripartita, compuestas por entidades gestoras, Administración y agentes sociales, para entre todos poder negociar mejoras tanto en la calidad de atención como en las condiciones laborales.

Los sindicatos quieren recordar a la consejera que de no obtener respuesta satisfactoria a estas reivindicaciones se verán obligadas a tomar medidas de presión más contundentes.