Ecologistas en Acción, WWF/Adena, Greenpeace, CC OO y los grupos parlamentarios Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) y Los Verdes han presentado hoy a la mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energí­a. La propuesta incluye un conjunto de medidas contundentes para frenar el continuo crecimiento del consumo de energí­a en nuestro paí­s y crear un marco legal que fomente una cultura energética basada en el ahorro, el uso de tecnologí­as más eficientes y las fuentes de energí­a renovables.

El sistema energético español ha venido mostrando tradicionalmente una pérdida de eficiencia energética al necesitar cada vez más energí­a para producir una unidad de PIB, por encima del resto de los paí­ses europeos. Este hecho, unido a la fuerte dependencia de suministro exterior de energí­a (un 80%, frente al 50% de media de la UE) y a la fuerte escalada de los precios del petróleo, está perjudicando seriamente la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la producción y al uso de energí­a, y la competitividad de nuestra economí­a.

A pesar de las medidas propuestas por el Gobierno español en el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética para 2008-2012 y la Estrategia Española de Cambio Climático y Energí­a Limpia, éstas resultan del todo insuficientes para evitar el despilfarro y conseguir ahorros energéticos efectivos y reales, que garanticen que nuestro paí­s cumpla los compromisos adquiridos en el marco del Protocolo de Kioto y se sitúe adecuadamente para asumir compromisos más ambiciosos después de 2012.

Para conseguirlo, la propuesta de ley establece un objetivo uniforme de ahorro en el consumo total de energí­a a nivel nacional de, al menos, un 1% anual en términos absolutos, durante los primeros cinco años a partir de la entrada en vigor de la ley. Esta cifra deberí­a ajustarse posteriormente para alcanzar una reducción mí­nima absoluta del 20% en 2020 con respecto a 2005.

Con el fin de alcanzar dicha meta, la proposición de ley recoge la necesidad de poner en marcha un amplio elenco de actuaciones y medidas de gestión de la demanda en los sectores consumidores finales. Entre ellas, cabe destacar la disponibilidad de auditorí­as energéticas al alcance de todos los usuarios finales, especialmente para las PYME y los sectores residencial-terciario, y la introducción y el cumplimiento de criterios de eficiencia energética en la planificación territorial y en la construcción y mantenimiento de los edificios. Los precios y las tarifas eléctricas deberán establecerse de manera que reflejen los costes sociales y ambientales originados por las energí­as sucias.

Asimismo, se contempla también la eliminación progresiva del mercado de las tecnologí­as obsoletas e ineficientes, y el cumplimiento de unos estándares mí­nimos de eficiencia energética en los nuevos productos consumidores de energí­a que se comercialicen en territorio nacional. La iluminación exterior y la contaminación lumí­nica reciben también una especial atención en la propuesta de ley, estableciéndose la obligatoriedad de utilizar sistemas de alumbrado energéticamente eficientes y limitaciones de la intensidad lumí­nica a partir de determinadas horas de la noche. Se limita la iluminación navideña, la de edificios y la de vallas y anuncios publicitarios.

Todas las Administraciones públicas (estatales, autonómicas y locales) deberán contar con un plan de ahorro y eficiencia energética en sus propias instalaciones que incluya el nombramiento de un gestor energético para su seguimiento, y considerarán criterios de ahorro y eficiencia energética y de preservación del medio ambiente en los pliegos de condiciones de los contratos públicos por obras, suministro o servicios. Igualmente, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes elaborarán sus respectivos planes locales para conseguir una gestión energética local sostenible.

Para la realización efectiva de los objetivos e instrumentos previstos en la ley, se propone la creación de la Agencia para el Ahorro y las Energí­as Renovables como ente administrativo e institucional, y el Consejo Consultivo de Ahorro y Uso Eficiente de la Energí­a como órgano de participación social, económica y ciudadana.