La Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España se ha reunido hoy con el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, para trasladarle una resolución en la que este organismo se posiciona en contra de la Reforma de la Protección por Desempleo y de la Ley Básica de Empleo propuesta por el Gobierno, así­ como un documento de propuestas alternativas.

Éste es el texto entregado hoy al titular de Trabajo y Asuntos Sociales:

Las medidas de reforma de la protección por desempleo y de la ley básica de empleo que el gobierno ha hecho llegar recientemente a los agentes sociales vienen a completar la reforma laboral que se emprendió el 2 de marzo del pasado año.

En la anterior reforma no sólo no se frenaba el encadenamiento abusivo de contratos temporales, sino que abundaba en una progresiva descausalización de la contratación temporal y en la flexibilización de las condiciones de trabajo adaptándolas a las necesidades de las empresas.

Las medidas que propone el gobierno en esta nueva reforma profundizan en la pérdida de derechos sociales que los/as trabajadores y los/as jóvenes en particular vienen sufriendo en los últimos años.

La cultura de la temporalidad introducida en 1994 con la ruptura de la causalidad en la contratación temporal en el mercado de trabajo como lógica fundamental de la gestión de la fuerza de trabajo, especialmente de la fuerza de trabajo juvenil, ha supuesto alcanzar tasas de temporalidad del 34%, situándose desde entonces por encima del 30%. En la actualidad el 32% de los asalariados en España sufre la temporalidad frente al 13,8% de media en la Unión Europea, siendo especialmente sangrante entre los/as jóvenes donde la eventualidad alcanza el 73,1% en España frente al 36,6% de la Unión Europea.

El conjunto de la reforma no sólo supone un retroceso histórico en los derechos sociales alcanzados en los últimos veinticinco años sino que traslada la responsabilidad de su situación de desempleo a los/as propios/as trabajadores/as al culpabilizar a los/as parados/as por percibir las prestaciones como si estuvieran defraudando al conjunto de la sociedad, cuando en realidad es un derecho que se ha generado al haber trabajado y cotizado previamente.

La obligatoriedad de suscribir formalmente el llamado "compromiso de actividad" entre el/la parado/a y la propia Oficina de Empleo supone partir de la presunción de que hasta la fecha el/la desempleado/a no sólo no tení­a ninguna intención de buscar empleo sino que se daba por satisfecho con cobrar la prestación económica contributiva o asistencial. Sin embargo la realidad es otra bien distinta. Cuatro de cada diez parados/as no cobra ningún tipo de prestación por desempleo. Y de los que lo cobran el 42% reciben una prestación asistencial que en la mayorí­a de los casos equivale al 75% del salario mí­nimo interprofesional, unos 331,65 euros (55.182 pts). El resto de los beneficiarios cobran la prestación por desempleo a que tienen derecho después de haber cotizado al menos doce meses. La gran mayorí­a de estos últimos no agotan toda la prestación contributiva a la que tienen derecho siendo cuatro meses la media de tiempo que los/as parados/as cobran la prestación.

La redefinición del concepto de "empleo adecuado" va a suponer que muchos jóvenes tengan que desplazarse diariamente o definitivamente en un radio de 50 Kms y/o no supere las tres horas de desplazamiento desde su domicilio para trabajar en cualquier puesto de trabajo "“una vez que lleve un año percibiendo la prestación-, con cualquier jornada laboral "“siempre que no suponga un gasto superior al 20% del salario neto mensual- y con independencia de su formación profesional para no perder la prestación económica que estuviera percibiendo. Esta propuesta no sólo impide el libre desarrollo profesional de los/as jóvenes sino que les culpabiliza de la situación de desempleo que sufren, y cercena entre otros derechos, el ejercicio de la reciente ley de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

La propuesta de eliminación de los salarios de tramitación, correspondientes al perí­odo transcurrido entre la fecha del despido y la declaración judicial de improcedencia del mismo, supone -en esencia- un paso más hacia el despido libre y gratuito.

Hasta la fecha el empresario viene gozando del privilegio de extinguir unilateralmente el contrato de trabajo en cualquier momento aunque un juez determine finalmente que la causa esgrimida para el despido no queda probada "“salvo los despidos nulos en cuyo caso resulta obligada la readmisión del/la trabajador/a-. Con las nuevas medidas se propone eximir al empresario de abonar los salarios de tramitación al trabajador despedido aunque el despido resulte finalmente improcedente "“salvo que el mismo empresario opte por la readmisión-.

Esta medida incide en la precarización de las condiciones de trabajo de todos los/as trabajadores y de los/as jóvenes en particular. Con la adopción de las nuevas medidas el coste de despido de los contratos temporales se reducirá hasta en un 75% para aquellos contratos de un año de duración y llegará a ser prácticamente inexistente para contratos inferiores a tres meses. ¿Qué efectos tendrá esta reforma en un mercado de trabajo en el que nueve de cada diez contratos que se suscriben son temporales, y en el que siete de cada diez jóvenes que trabajan lo hacen con un contrato temporal con una duración media inferior a tres meses?

La eliminación de los salarios de tramitación también tendrá efectos importantes entre los contratos indefinidos. Así­ por ejemplo un/a trabajador/a despedido/a con contrato indefinido y con una antigí¼edad de 3 años verá reducir su indemnización en un 50%; limitándose a percibir entre 3 a 5 mensualidades en función del tipo de contrato indefinido. ¿Qué efectos tendrá esta reforma en la flexibilización de plantillas? ¿y en la precarización de las condiciones de trabajo de los que permanezcan en las empresas?

Bajo la excusa de "la adquisición de la experiencia laboral" el gobierno pretende justificar la utilización de un modelo contractual que no sólo será usado por la administración pública sino que pretende que pueda ser empleado por cualquier entidad pública o privada para cualquier trabajo o servicio. La utilización indiscriminada de esta modalidad contractual por parte del sector privado no sólo viene a desnaturalizar los programas públicos de empleo, dirigidos "“hasta la fecha- a la realización de obras y servicios de interés general y social; sino que descausaliza una modalidad contractual temporal que podrá ser usada masivamente por la empresa privada sin que tengan que ser destinados a desarrollar programas sociales, a la vez que se elimina la protección por desempleo de estos contratos. De este modo los/as jóvenes que sean contratados en los próximos años bajo esta modalidad verán como las empresas que les contratan reciben bonificaciones por su contratación mientras que ellos no recibirán ninguna clase de prestación al finalizar su relación laboral.

La reforma limita asimismo la percepción del subsidio para trabajadores/as eventuales agrarios, permitiendo únicamente el acceso al mismo a aquellos que ya hayan accedido a él otros años, generando a su vez un nuevo sistema contributivo para los/as trabajadores/as del campo discriminatorio al contemplar la percepción de menos prestaciones por desempleo en relación al sistema contributivo general.

Por todo esto, desde el CJE hacemos una valoración negativa de las medidas de reforma de la protección por desempleo y de la ley básica de empleo que propone el Gobierno ya que supone un drástico recorte de los derechos sociales de la gran mayorí­a de la sociedad y particularmente de aquellos sectores sociales más desfavorecidos como son los inmigrantes, las mujeres, los/as desempleados/as, etc.

Estimamos que estas medidas van a producir una importante reducción del poder adquisitivo de una amplia capa de la sociedad que resultará mucho más vulnerable y que tendrá mayores riesgos de caer en la pobreza.

Consideramos que el abaratamiento del despido no sólo diluye las diferencias entre el despido procedente y el improcedente, sino que traslada al trabajador despedido los costes económicos de una decisión adoptada por la empresa. Resulta injusto a todas luces que sea el propio trabajador, a través de la eliminación de los salarios de tramitación, su reducción en las cotizaciones sociales a la Seguridad Social durante ese perí­odo, y la reducción de la base de cálculo para las prestaciones que le pudiera corresponder, quien pague la decisión empresarial de despedirle, máxime cuando ésta es calificada por un juez como improcedente.

Teniendo en cuenta la alta tasa de temporalidad y la enorme rotación que sufre la juventud, la aplicación de estas medidas no sólo va a provocar una mayor inestabilidad del mercado de trabajo sino que va a dificultar aún más el proceso de emancipación de los y las jóvenes en general y especialmente de aquellos/as que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Por último el CJE propone que se retire este bloque de medidas que perjudican gravemente los intereses de los y las jóvenes, ya que de no ser así­, obligarí­a al CJE a apoyar las movilizaciones necesarias que estuvieran orientadas a explicar a los y las jóvenes el alcance de tales medidas. En su lugar el CJE propone que se reestablezca el diálogo con los agentes sociales procurando adoptar medidas que favorezcan principalmente a aquellos sectores sociales más desfavorecidos.