El caso más preocupante es el de la materia particulada. La hasta ahora vigente, 1ª Directiva Hija de calidad del aire, marcaba unos valores lí­mite para las partí­culas en suspensión (PM10), procedentes en gran medida del tráfico en las ciudades, que eran obligatorios a partir de 2005. Como ya denunció en su dí­a Ecologistas en Acción, dos tercios de las capitales españolas mostraron ya valores superiores a los permitidos en dicho año [ ], poniéndose en riesgo la salud de los ciudadanos. Dicha directiva marcaba una segunda fase de reducción con unos valores obligatorios más restrictivos a partir de 2010, rebajándose sustancialmente tanto el valor lí­mite anual permitido (que pasarí­a de 40 µg/m3 a 20 µg/m3), como del número de superaciones permitidas del valor lí­mite diario (50 µg/m3, que pasarí­a de 35 dí­as permitidos a 7). Es importante señalar que estos valores lí­mite se fijaron, basándose en la evidencia cientí­fica, de forma que proporcionaran una adecuada protección para la salud humana y el medio ambiente. La normativa aprobada ayer no solo tira por la borda esta segunda fase, tanto en lo relativo al valor lí­mite anual como al diario. Además, en relación con el lí­mite anual actual (40µg/m3) se introduce la posibilidad de que los paí­ses que estén teniendo problemas para cumplirlo puedan solicitar una prórroga de hasta tres años, con lo que hasta 2011 muchos paí­ses seguirán teniendo permiso para contaminar. Esto es especialmente grave si consideramos que la evidencia cientí­fica de los efectos nocivos de las partí­culas es hoy aún mayor que cuando se propusieron aquellos lí­mites.

En lo relativo a las partí­culas más pequeñas, la Organización Mundial de la Salud propone un valor lí­mite anual de 10µg/m3 [ ]. Según el Sistema Europeo de Información sobre Contaminación Atmosférica y Salud (APHEIS) establecer este valor lí­mite como obligatorio conllevarí­a un ahorro de 22.000 muertes al año en Europa [ ]. Sin embargo la Unión Europea se permite ahora el lujo de establecer un valor lí­mite anual a tí­tulo solamente indicativo de 25 µg/m3, a partir de 2010, con un margen de tolerancia de un 20% por encima de este valor, que se reducirí­a progresivamente hasta 2015, fecha en que el valor lí­mite de 25µg/m3 ya serí­a obligatorio. Para 2020 la UE propone un valor indicativo de 20µg/m3. Estos lí­mites son claramente insuficientes y no va a suponer una reducción de la contaminación de nuestras ciudades, ya que probablemente el cumplirlos no va a suponer ningún esfuerzo adicional del necesario para cumplir con los lí­mites de PM10 (el 60-70% de las PM10 son PM2.5). Para colmo, la Comisión Europea podrá revisar este valor lí­mite en 2013 por si, en función de la evidencia cientí­fica que haya hasta la fecha sobre afecciones a la salud, estimaran necesario modificarlo. Esto es una burla a la OMS, a los propios estudios europeos, y sobre todo y nuevamente, a todos los ciudadanos.

En relación al dióxido de nitrógeno (NO2) se ha confirmado la obligatoriedad del valor lí­mite anual ya establecido en la anterior normativa para el 2010 (40 µg/m3), pero se introduce la posibilidad de que los paí­ses que prevean incumplirlo puedan solicitar una prórroga de 5 años. Para Ecologistas en Acción este cheque en blanco para seguir contaminando hasta 2015 es intolerable y es un premio inmerecido para aquellas ciudades europeas (entre las cuales están la mayorí­a de las españolas) que han hecho poco o nada para reconducir una situación que viene avisando año tras año. Hay que recordar que la directiva hasta ahora vigente establecí­a hasta el 2010 un calendario progresivo de acercamiento al valor lí­mite obligatorio que ha sido ignorado por la mayorí­a de las ciudades, que tampoco han puesto en marcha los preceptivos planes de acción para encaminar la situación.

Finalmente la nueva directiva de calidad del aire se descuelga con algo insólito: exime de la obligación de medir la contaminación (pero no de la de cumplir con los lí­mites obligatorios) en aquellos lugares donde no resida población de forma permanente (zonas no habitadas del campo, zonas turí­sticas sin población fija...), en zonas industriales sobre la que ya se aplique legislación de protección de la salud y seguridad de los trabajadores, o en las calzadas y zonas centrales de las carreteras. Parece claro que aquello que no se mide, no se conoce, y por tanto, que dichos lugares estén sometido a los mismos lí­mites obligatorios pero no tengan obligación de saber si están cumpliendo con ellos o no, es un planteamiento engañoso y carente de sentido. Cabe preguntarse que ocurrirá entonces con la protección del medio ambiente en los lugares sin población fija o con las personas que viven a escasos metros de las carreteras.

Según la propia Comisión Europea, 370.000 personas mueren al año en la Unión Europea de forma prematura a causa de la mala calidad del aire. La intención de la estrategia de Calidad del Aire que la Comisión aprobó en septiembre de 2005, cuyo baluarte central era la directiva que ahora ve la luz, era reducir esta cifra a 220.000 para el año 2020. Ecologistas en Acción se pregunta qué sentido tiene que las instituciones europeas sigan haciendo brindis al sol, marcándose nuevos objetivos ambiciosos, para luego plegarse a los intereses de los lobbies industriales y del automóvil, dándole la espalda a la salud del ciudadano y al medio ambiente. Es especialmente vergonzoso que la totalidad de los eurodiputados españoles hayan dado su consentimiento a este acuerdo.