En España, las principales competencias en materia de vivienda recaen sobre la Administración Autonómica y los ayuntamientos. Sin embargo, la Administración Central, concretamente el Ministerio de Economí­a, cuenta con dos herramientas poderosas que afectan directamente a la capacidad de los ciudadanos de acceder a una vivienda: la polí­tica fiscal y la regulación hipotecaria. Ambas han sido modificadas en esta legislatura.

Con estas herramientas, el Ministerio de Economí­a, cuenta con más capacidad de influencia que el propio Ministerio de la Vivienda.

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna, organización ciudadana creada en 2003 para defender el derecho a la vivienda, hemos analizado la gestión desarrollada por el Ministerio de Economí­a y Hacienda desde el principio de la legislatura. Las conclusiones no pueden ser más desalentadoras: todas las medidas y actuaciones del ministerio que más puede hacer por el objetivo de una vivienda digna, el de Economí­a, dan la espalda a la que es ya la segunda preocupación de los ciudadanos. Recordando las aparentes preocupaciones del ejecutivo en esta materia, las actuaciones del Ministerio de Economí­a resultan una auténtica estafa.

Por ello solicitamos la dimisión inmediata de Pedro Solbes. Solicitud que se argumenta en las siguientes causas:

– Por haber incumplido la promesa electoral de eliminar las deducciones fiscales para la compra de nuevas viviendas. La PVD quiere recordar que el deber del Estado es garantizar el derecho a la vivienda, no el derecho a la propiedad de la vivienda. El ministro Solbes, que hipócritamente presume de no intervencionista, ha mantenido esta intervención en el mercado que eleva los precios hasta un 20% según los expertos, propiciando la adquisición de vivienda frente a otras formas de acceso. Las deducciones fiscales a la compra consumen además dos tercios de los presupuestos dedicados a polí­ticas de vivienda y terminan.

– Por empeñarse, al mismo tiempo, en limitar las deducciones fiscales por alquiler propuestas tanto por Trujillo como por Chacón. Por alguna razón, desde el Ministerio de Economí­a se ha seguido apoyando en esta legislatura la adquisición de vivienda en propiedad, cuando la gran mayorí­a de expertos apuntan al alquiler como una de las soluciones del problema y así­ se ha venido trabajando en la mayorí­a de paí­ses europeos.

– Por redactar una ley hipotecaria que es como una patada al derecho a la vivienda de forma sostenible. Una ley que se ha elaborado al dictado de los grandes bancos y ha despreciado enmiendas de corte social y ví­as para favorecer el acceso a la vivienda a medio y largo plazo. Esta ley, recientemente aprobada, deberí­a haber incluido como mí­nimo un lí­mite en la duración y cuantí­a de los créditos hipotecarios, como ocurrió con la ley Niertz de 1989 en Francia. Esto hubiera ayudado a contener los precios y por lo tanto a facilitar el acceso a la vivienda, sin coste alguno para la Administración. Una muestra de la sumisión de Solbes en esta ley a los bancos y grandes empresas urbaní­sticas es que su socio para la aprobación en el Congreso ha sido precisamente el Partido Popular.

– Por haber cambiado en la práctica la frase "Hacienda somos todos" por "Hacienda somos todos, menos los constructores y promotores inmobiliarios". Según la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), el fraude fiscal en el sector inmobiliario asciende a 8.600 millones de euros en el último año. La misma asociación afirma que se persigue de forma masiva la fiscalidad de las rentas del trabajo, mientras esta bolsa de fraude se mantiene.

– Y por negarse en redondo a fiscalizar los 3 millones de pisos vací­os que hay en España, como ya se hace en otros paí­ses europeos desde hace años. La salida al mercado de estas viviendas bajarí­a los precios y supondrí­a una solución para millones de ciudadanos.

Todos estos puntos tienen como resumen que las decisiones y actuaciones del Ministerio de Economí­a relacionadas con la vivienda han ido encaminadas a: 1. Proteger la burbuja inmobiliaria. 2. Mantener el alquiler en tasas ridí­culas comparadas con nuestro entorno. 3. Proteger los intereses de las grandes empresas inmobiliarias y financieras y fomentar sus beneficios.

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna estamos atónitos por el hecho de que el ministro Solbes siga perteneciendo al equipo creado por el presidente Zapatero, ya que, mientras éste anuncia medidas sociales, el ministro de economí­a pone en marcha leyes o iniciativas profundamente antisociales que, aunque menos tangibles, suponen un mayor perjuicio en el dí­a a dí­a de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes.

Por todo ello, desde la Plataforma insistimos en nuestra solicitud de dimisión del ministro Solbes, invitando al ejecutivo a tomar de una vez por todas medidas que solucionen el cáncer de la vivienda en España desde su raí­z. Medidas que pasan por la financiación de los ayuntamientos, las filtraciones de dinero del urbanismo a las instituciones, el control del dinero negro en la VPO, la salida al mercado de los pisos vací­os, la eliminación de las deducciones fiscales por compra y la creación de un parque público de viviendas en alquiler extenso, como ya existe en muchos paí­ses de la UE.